Las denuncias en Fiscalía por agresiones de hijos a padres pasan de 18 en 2001 a 323 en 2005
Los casos de menores de 14 años acusados de abuso sexual se doblan en cuatro años
Las denuncias de padres que son víctimas de agresiones por parte de sus hijos menores han aumentado espectacularmente en la Fiscalía de Valencia: de 18 en 2001 a 323 en 2005. El incremento no supone, según la coordinadora de la Fiscalía de Menores, Teresa Gisbert, una relación directa de aumento de casos sino más bien con que cada vez es mayor la denuncia de los que existen. Gisbert, que afirma que en muchos de esos casos se detectan trastornos que antes pasaban desapercibidos, apunta también al aumento de casos de abusos sexuales protagonizados por menores de 14 años.
La Fiscalía de Menores de Valencia registró más de 10.000 en 2005. Esas denuncias responden a la comisión real de unos 30.000 delitos, de los cuales una cuarta parte son lesiones. Del análisis de esa actividad, según Teresa Gisbert, se desprende: un incremento notable de las denuncias de padres a hijos por violencia física y/o psíquica en el hogar; no se detectan bandas organizadas asimilables a las conocidas como Latin Kings y sí las tradicionales pandillas.
Gisbert considera alarmistas muchos de los análisis o tratamientos informativos de hechos que tienen a los menores como protagonistas y que dan una visión catastrofista de ellos. "Los menores son tan violentos como la sociedad misma". La fiscal coordinadora de Menores de Valencia explica que el incremento de las denuncias de padres víctimas de agresiones por parte de sus hijos menores de edad responde en buena parte a que acuden más a la Fiscalía. "Ha habido un proceso análogo al de las agresiones sexuales y la violencia sobre la mujer. La gente no denunciaba por vergüenza. Es muy duro tener que denunciar a un hijo, hay una sensación de frustración, de fracaso como padres...". La progresión de las denuncias ha sido de: 18 en 2001; 117 en 2002; 159 en 2003; 289 en 2004; y 323 en 2005. Gisbert precisa que ese tipo de maltrato se da en familias de nivel económico y cultural preferentemente alto, frente al resto de delitos, y que frente a esas situaciones hay soluciones extrajudiciales que funcionan, al tiempo que la ley permite otras leves que favorecen la intervención. "Una medida de libertad vigilada, con el compromiso de someterse a tratamiento psiquiátrico, funciona", añade. Su experiencia le lleva a concluir que muchos de esos casos esconden trastornos que antes eran referidos como "niños raros".
Relaciona la agresividad de los menores como respuesta a cualquier contrariedad como un reflejo de la falta de límites en la educación. "Pagaremos más adelante lo que ahora tenemos y venimos de un largo período en el que cuando menos los límites no han estado claros". Gisbert defiende la complicidad para resolver esos conflictos de la escuela, aunque recuerda que "el colegio es el espacio de formación y no suple a la familia". Y cree que endurecer las penas que fija la ley no es la mejor estrategia para las infracciones, en su conjunto, mientras sí hubiera preferido que se hubiera rebajado la edad penal a los 12 años para poder actuar en casos que revelan mucho más que una acción episódica.
Abusos sexuales
Teresa Gisbert rechaza la imagen de impunidad de los menores autores de un delito y cree que es necesaria una tarea de divulgación de la ley. La reforma, que no pasará de ser el aumento en un año del régimen cerrado para los autores de delitos muy graves, no soluciona los problemas existentes. Cree que se ha perdido una oportunidad de rebajar la edad penal a los 12 años para actuar sobre algunos delitos, entre ellos el abuso sexual. En 2001, fueron nueve las denuncias contra menores de 14 años por abuso sexual. En 2005, fueron 17. En estos casos, el asunto no prospera. También ha sido importante, según Gisbert, la progresión de casos en los que los menores que agreden a sus padres tienen menos de 14 años: en 2001 fueron seis casos; en 2005 fueron 37. Tampoco se puede hacer nada.
Gisbert señala que la eficacia de la norma pasa también por analizar los medios con los que se cuenta para ello, que son escasos y con los que no se compromete seriamente la administración, fundamentalmente la autonómica.
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