La fiscalidad sobre el ahorro
El Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas introduce una gran novedad no sólo en España sino en los países de la OCDE que es el principio de la uniformidad total de la fiscalidad sobre el ahorro, cualquiera que sea su plazo y el activo en que se invierta, que será a partir de la aprobación de la Ley del 18 por ciento. Ahora bien, uniformidad no es totalmente equivalente a neutralidad ya que, a veces, la uniformidad puede no ser neutral. Además, la neutralidad perfecta no puede ser un objetivo absoluto sino sólo un principio que conviene aplicar siempre que pueda reducir las distorsiones y aumentar la eficiencia.
De acuerdo con la teoría de la imposición óptima, sólo es eficiente gravar todos los activos uniformemente siempre que se cumplan tres condiciones: primero, que sean perfectamente sustitutivos entre sí; segundo, que no haya otras distorsiones en la economía que puedan afectarles (como pueden ser las regulaciones, los fallos de mercado, la presencia de objetivos no económicos y los costes de administración, gestión y cumplimiento, diferenciados por activos); tercero, que no siendo perfectamente sustitutivos, todos los activos tengan la misma elasticidad de demanda respecto a su precio.
Es conveniente hacer los cálculos necesarios para evaluar los efectos que la imposición uniforme va a tener sobre los incentivos
La evidencia empírica disponible demuestra que ninguno de estos supuestos se verifica plenamente en la realidad, por lo que la teoría de la imposición óptima obtiene resultados que son mucho más válidos para las decisiones reales sobre actividades que generan directamente utilidad o bienestar (tales como el consumo o la oferta de trabajo), que para las decisiones de composición de las carteras o de inversión en activos reales ya que en éstas sólo es posible bajo condiciones que no son de cumplimiento general.
En todo caso, cuando el objetivo del Gobierno es gravar eficientemente los diferentes activos, debe de aspirar a que el sistema fiscal sea neutral en los efectos que provoca. Éste es el único principio de neutralidad con valor normativo. Ahora bien, lograr la neutralidad en los efectos no implica que el sistema fiscal deba de ser uniforme en su diseño, salvo en casos excepcionales.
Es decir, no todos los activos o productos de ahorro en el mercado son idénticos. Aquellos que son a mayor plazo, como los fondos de pensiones o los seguros de vida, requieren un tratamiento, más que uniforme, equivalente con los productos de menor plazo, como los depósitos y los fondos de inversión, de acuerdo con sus características diferenciadas. En principio, entre unos y otros existen diferencias importantes. Los primeros, de más largo plazo, no parecen tener las mismas probabilidades que los segundos de ser rescatados (a no ser en condiciones muy especiales) y, finalmente, tienen lógicamente mayores costes de gestión y de administración que los segundos.
Sin duda alguna, los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda han hecho los cálculos necesarios (enormemente complejos) sobre los tipos impositivos marginales de cada uno de los productos y activos alternativos de ahorro así como sobre los tipos efectivos y la tasa interna de rendimiento (que se relacionan inversamente) de cada unos de ellos (teniendo, eso sí, en cuenta los diferentes diferimientos en el pago del impuesto) para intentar conseguir una imposición lo más neutral posible.
Ahora bien, hechos estos cálculos, que con toda certeza mostrarán que actualmente los productos de ahorro a mayor plazo tienen menores tipos efectivos marginales que los de menor plazo, es conveniente, asimismo, hacer los cálculos y estimaciones necesarios para evaluar los efectos que la imposición uniforme va a tener sobre los incentivos a invertir en unos y otros activos o productos alternativos.
Conviene tener en cuenta, asimismo, la situación real y las perspectivas del ahorro a largo plazo en la economía española. En una situación en la que el futuro del sistema de reparto de las pensiones es incierto, dadas las tendencias demográficas negativas a largo plazo, parece una buena medida (por otro lado, aconsejada por todos los organismos internacionales) intentar fomentar el ahorro privado, individual y colectivo, en forma de fondos de pensiones y de seguros de vida, con prestaciones en forma de capital, que pudiesen paliar dichos potenciales problemas futuros de financiación del sistema público de reparto.
Guillermo de la Dehesa es presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research).
