Las dificultades económicas aguardan a Ucrania tras las urnas

"Emigrar a la Unión Europea para fregar suelos en Occidente o emigrar a Rusia, para fregarlos en Oriente". Ésta es la disyuntiva que las dificultades económicas plantean al ucranio de a pie, según un crítico de la política practicada por el presidente Víctor Yúshenko en sus trece meses de gestión. Ante los comicios parlamentarios que se celebran hoy, las opiniones tienen un valor relativo, pero más allá de la campaña electoral, también entre los que apoyaron la revolución naranja existe desasosiego por el futuro económico.

El resultado de las urnas no garantiza la estabilidad: la clase política tiene servidumbres empresariales y corporativas y faltan mecanismos institucionales para dirimir conflictos en la administración. El Parlamento ha bloqueado la formación del Tribunal Constitucional y la reforma pactada en diciembre de 2004 ha dejado cabos sueltos sobre las relaciones entre las tres ramas del poder, así que, en última instancia, la estabilidad dependerá del sentido común de los líderes políticos.

La primera realidad desagradable que se perfila ante este país de 50 millones de habitantes, con cerca de cinco millones de emigrantes, es la subida de los precios del gas importado de Rusia. Los acuerdos firmados por Kiev y Moscú a principios de año constituyen un opaco entramado de testaferros, que da pábulo a conjeturas sobre la corrupción en los altos organismos del Estado. Las incógnitas en el aire son numerosas, desde la identidad de los beneficiarios ocultos en las compañías intermediarias a las razones por las que Yúshenko permitió la firma de un contrato que fija el precio de 95 dólares (80 euros) por mil metros cúbicos sólo para la primera mitad de este año. La prestigiosa periodista Yulia Mostovaia habla de la "capitulación" ante los rusos.

"Teníamos un contrato por cinco años con un precio fijo de 50 dólares por mil metros cúbicos y la contrapartida era un mercado común con Rusia", señala Nikolái Azárov, que fue ministro de Finanzas y jefe de Gobierno en funciones bajo la presidencia de Leonid Kuchma. "Occidente y Estados Unidos no quieren reconocer su error. El resultado de la revolución naranja es que Ucrania se ha debilitado, ha perdido el alto ritmo de desarrollo económico y está al borde de la bancarrota", afirma el político, hoy uno de los dirigentes del Partido de las Regiones. Opina Azárov que el pago de las facturas de gas diezmará las reservas económicas de Ucrania y dificultará los costosos planes para mejorar la eficacia energética. En enero de este año, la balanza de pagos por comercio exterior experimentó un saldo negativo de casi 400 millones de dólares, con una caída del 6,3% de las exportaciones y un aumento del 50,2% de las importaciones. En 2005, el saldo comercial también fue negativo (1.854 millones de dólares), tras un saldo positivo de 3.676 millones de dólares en 2004, el último año de la gestión de Leonid Kuchma, señala Azárov, que pronostica una inflación de hasta un 20% en 2006, tras un 13,5% en 2005.

En virtud de los contratos de gas, Rusia ha accedido al mercado de distribución industrial en el interior de Ucrania y hay quien piensa que las grandes empresas ucranianas, insaciables consumidoras de energía, acabarán en manos rusas, tras dejar de ser rentables. Ucrania ha divulgado esta semana una estrategia energética hasta el año 2030, que contempla la reducción de la dependencia del gas ruso y la subida de los precios al nivel de la Unión Europea en un plazo de hasta cinco años. Con sueldos medios de 200 dólares, tal anuncio presagia inestabilidad social. Los partidarios de una mayor integración con Rusia reprochan a Yúshenko las concesiones realizadas para ingresar en la Unión Mundial de Comercio a toda costa. En el acuerdo firmado con Estados Unidos a ese efecto, Kiev ha aceptado los cultivos genéticamente modificados, afirma Azárov.

Los tribunales y la fiscalía son sensibles a los criterios comerciales y medios económicos europeos destacados en Kiev denuncian un retorno de la corrupción a los servicios de aduanas, que crean dificultades y las resuelven a cambio de pagos en efectivo de dudosa validez oficial. Una nueva norma comercial, por ejemplo, obliga a los exportadores de vinos a costear los viajes de inspectores ucranios a las bodegas de origen, lo que corre el riesgo de traducirse en viajes de fines de semana pagados en el extranjero para los funcionarios y sus familias, con el vino garantizado.