Calvo asegura que cumplió la ley al adjudicar los parquímetros y el PSOE apela a la ética

El concejal de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo Poch, respondió al fin a las sombras lanzadas por la oposición sobre la polémica adjudicación de los parquímetros. Calvo se escudó en la literalidad de las leyes. "El procedimiento se ajusta a derecho", manifestó, "ya que si no, los servicios jurídicos hubieran actuado". Mientras, el concejal socialista Manuel García-Hierro aludió a "la responsabilidad ética" de Calvo por ser amigo del ex diputado gallego del PP Juan Manuel Casares, apoderado de Hixienes, empresa adjudicataria de una de las zonas de gestión de parquímetros de la capital.

Como un combate de boxeo con dos púgiles dialécticos: el edil de Seguridad, Pedro Calvo (PP), y el socialista Manuel García-Hierro, encargado de los asuntos de Movilidad en su grupo. Éste lanzó duros ataques a Calvo, que se defendió con argumentos jurídicos. Ambos se acusaron de mentir.

El responsable municipal de Movilidad inició su intervención, con una leve sonrisa, explicando el acuerdo alcanzado con los comerciantes y empresarios para que éstos puedan estacionar durante cinco horas en la zona azul de parquímetros -reservada a visitantes- mediante una tarjeta profesional.

Pero el rifirrafe no se hizo esperar. En cuanto García-Hierro tomó la palabra, comenzaron las acusaciones: "Hay confusión en la tramitación del expediente, por hacerlo de forma apresurada".

El Grupo Municipal Socialista considera que existen "ciertas irregularidades" en el expediente de adjudicación de la gestión de las nuevas áreas del servicio de estacionamiento regulado (SER). "Tenemos ganas de aclarar un proceso que no nos parece claro", explicó García-Hierro. Una de las empresas beneficiadas, Hixienes, está participada por Juan Manuel Casares, amigo del concejal Calvo desde que ambos eran dirigentes de Nuevas Generaciones en Galicia (la rama juvenil del PP). Hixienes no tenía ninguna experiencia en gestión de parquímetros y, según el PSOE, eso la inhabilita para participar en el concurso público del Ayuntamiento de Madrid.

Además, el procedimiento de adjudicación fue convocado con trámite de urgencia, basándose en una Ordenanza de Movilidad que aún no había sido aprobada.

"¿Por qué el proceso fue por trámite de urgencia?", preguntó García-Hierro. Y añadió: "Creemos que ustedes se han saltado la tramitación".

Calvo buscó el respaldo en los servicios jurídicos del Consistorio. "Si nos hubiésemos saltado algún trámite, los servicios jurídicos, que llevan más tiempo que yo en el Ayuntamiento, hubieran intervenido", manifestó Calvo. Pero García-Hierro contraatacó: "Todos los respetos para los funcionarios del Ayuntamiento, pero todas las dudas para aquellos cargos designados a dedo".

"Si lo que usted observa es un defecto de forma, le digo que no existe ninguno", afirmó Calvo tajante. Éste se preguntó que si han existido irregularidades, por qué ninguna empresa ha impugnado el proceso. "El procedimiento no se puede anular porque se ajusta a derecho", remachó. Y prosiguió: "El expediente se ha aprobado por unanimidad [de las mesas de contratación y la intervención municipal] desde el principio al fin, en todos las fases del proceso de contratación".

El debate se fue calentando progresivamente. García-Hierro argumentó que Calvo y sus más directos colaboradores, Fernando Autrán y Javier Conde, "deberían haberse inhibido, abstenido, no haber participado en el proceso" de adjudicación de los parquímetros. "Una cosa es la responsabilidad legal y otra la ética. ¿Dónde está la responsabilidad ética?", preguntó el edil socialista.

Calvo aseguró que no incumple ninguno de los requisitos que la ley establece para abstenerse del proceso. Entre las condiciones que señala para abstenerse figuran tener interés personal o tener amistad manifiesta. "No tengo interés en beneficiar a ninguna empresa, con independencia de que conozca a alguno de los que participan en el concurso", proclamó Calvo.

Más adelante, el concejal de Seguridad insistió en que no participó en el proceso. "Yo no intervine; sólo firmé el inicio del procedimiento el pasado 22 de septiembre", agregó. El decreto de adjudicación, del pasado 28 de diciembre, fue rubricado por la concejal de Medio Ambiente, Paz González. "Yo estaba de vacaciones", dijo Calvo, quien el 18 de enero pasado rubricó el decreto definitivo de concesión de los parquímetros que corregía errores del anterior.

García-Hierro no se dio por vencido y siguió lanzando acusaciones. "En algún caso podríamos estar hablando de falsedad de documento público", aseguró. Lo dijo en relación con el escrito firmado por el alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo (PP), en el que asegura que Hixienes realiza desde 2001 la gestión de aparcamiento de vehículos, así como el asesoramiento para instalar la zona azul en el municipio. El alcalde gallego reconoció con posterioridad a EL PAÍS que Hixienes nunca ha gestionado los parquímetros de Cangas porque no existen. Pero Calvo aseguró que "lo de Cangas es irrelevante para nuestro concurso".

Solvencia de Hixienes

Dornier, una de las empresas que no resultó beneficiada en el proceso de los parquímetros, recurrió ante el Ayuntamiento para anular el decreto de adjudicación del concurso de gestión de los parquímetros. "Se pone en tela de juicio la solvencia de una empresa: Hixienes", dijo García-Hierro.

Entre los argumentos del Área de Seguridad para anular el recurso, está la carta del alcalde de Cangas, que, además, es amigo de Casares. "El procedimiento de solvencia técnica lo pasaron todas las empresas", puntualizó Calvo, contra el que García-Hierro arremetió de nuevo: "La insolvencia debe ser la suya, en términos administrativos, y no personales".

"¿Es cierto que le llamó Casares?", preguntó el concejal socialista. Y Calvo lo reconoció: "Es verdad que me llamó Casares, pero también todas las empresas que se presentaron al concurso".

El edil socialista también se quejó de que aún no ha tenido acceso a las ofertas técnicas de las empresas que acudieron al concurso de adjudicación.