Los contratistas critican al tripartito y piden cambios en la obra pública

El sector de la construcción va a toda marcha, en especial en el ámbito de la licitación pública de obras, que crecerá el 10% este año. Pero los contratistas no están satisfechos con el Gobierno catalán. El presidente de la Cámara de Contratistas, Rafael Romero, anunció ayer el "apoyo crítico" del sector al tripartito, para después advertir de que el Ejecutivo autónomo "desoye las propuestas de la cámara" desde hace dos años.

"Más de dos años después [del cambio de Gobierno en Cataluña], constatamos que no hemos sido capaces de conseguir un mínimo eco en algunos departamentos del Ejecutivo catalán". Así expresó Romero el desencanto de las constructoras con la obra pública, a pesar de que los datos de licitación alcanzan máximos históricos. La construcción creció el 5% en 2005 y acelerará este año hasta el 6,5%. La obra pública creció el 1% en 2005, pero alcanzará un incremento del 10% este año.

Romero definió como "muy positiva" la cláusula del Estatuto que asegura una inversión del Estado en infraestructuras equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto del país (el 18,9%) durante los próximos siete años. Pero, más allá del crecimiento acumulado, criticó el modus operandi del sector, especialmente en lo relativo a la obra pública.

En 2004, la cámara -que agrupa a 135 empresas, que a su vez concentran el 50% de las obras en Cataluña y el 95% de la obra pública- hizo 10 propuestas al Gobierno autónomo para conseguir el aumento de la productividad del sector en Cataluña. "No hemos conseguido ninguna respuesta, a pesar del pacto por la competitividad impulsado por el Ejecutivo catalán y los agentes sociales", explicó Romero.

El problema es el precio

Romero dirigió el grueso de sus críticas a las fórmulas de contratación de la obra pública. El precio es "el único criterio" que se utiliza para adjudicar las obras. En la práctica, eso genera "un círculo vicioso y perverso" que fomenta la competencia desleal entre las empresas, con precios por debajo de coste.

Al final, este método tampoco redunda en beneficio del ahorro de costes para la Administración: "Genera una desviación en los precios que luego aflora en la liquidación de la obra", advirtió, para reclamar mayor "transparencia y objetividad en la selección de las constructoras por parte de la Administración.

El presidente de la cámara hizo también autocrítica y adjudicó a las empresas parte de estos males. "El sector tiene mala imagen", reconoció, "pero también grandes oportunidades de mejora".

Entre las propuestas de la cámara destacan la necesidad de programar las inversiones públicas con una anticipación de cuatro años; detectar las ofertas anormalmente bajas, y desarrollar un arbitraje técnico que solucione las diferencias de criterio entre la Administración y el jefe de obra. En cuanto a la edificación de viviendas, el sector defiende la necesidad de crear un registro de empresas que cumplan determinados requisitos de calidad.

"Es demasiado sencillo crear una empresa constructora y es demasiado fácil cerrarla, por lo que cualquier cliente no profesional puede encontrarse con dificultades a la hora de juzgar las ofertas que se le presentan", dijo para justificar la constitución de ese registro.