La Junta endurece los requisitos para obtener la declaración de municipio turístico

El nuevo decreto sobre municipios turísticos que mañana tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía introduce criterios más restrictivos para obtener tal declaración que los contenidos en la actual normativa y exigirá además a los ayuntamientos que lo soliciten una serie de servicios y prestaciones que garantice "un compromiso con una oferta turística integral de calidad". Con los nuevos criterios, un total de 43 municipios andaluces son susceptibles de ser declarados turísticos, cuando hasta ahora eran más de 300.

El decreto en vigor desde 2002, aprobado cuando la Consejería de Turismo estaba en manos del Partido Andalucista, establecía como requisito para que un municipio fuera declarado turístico que registrara un número de pernoctaciones hoteleras anuales un 10% superior al de vecinos, que el número de visitantes en al menos 30 días al año fuera cinco veces superior al de éstos, o que el número de segundas residencias superara al de viviendas principales.

En el nuevo decreto se suprime este último requisito, cuya constatación siempre ha ofrecido dificultades. El actual equipo director de la Consejería de Turismo entiende que no todo desequilibrio entre la población de hecho y la de derecho es ocasionada por el turismo, y que además la segunda residencia brinda una oportunidad de ingresos para un municipio.

El decreto de municipio turístico persigue compensar económicamente a los ayuntamientos por los servicios que deben prestar a la población visitante que, por no estar censada, no computa a la hora de fijar la financiación que reciben de las demás administraciones.

Habitantes

En el nuevo decreto se mantiene el límite de 100.000 habitantes como máximo para que un municipio sea considerado turístico y, como novedad, se introduce un mínimo de 5.000 habitantes, lo que resulta determinante a que el número de ayuntamientos susceptibles de ser designados se reduzca de forma tan drástica. Los pequeños municipios tienen además apoyo financiero y de servicios de las diputaciones que no reciben las ciudades medias.

Además de acotar la definición de municipio turístico, el nuevo decreto, que ha sido consensuado por la Mesa del Turismo (órgano en el que están representados la Administración autonómica, los empresarios y los sindicatos) y que cuenta con el preceptivo informe favorable del Consejo Consultivo, avanza también en la concreción de los derechos que adquieren los ayuntamientos que accedan a la declaración.

En el anterior decreto se establecían de forma genérica la firma de convenios preferentes con distintas consejerías y organismos de la Administración autonómica para actuaciones relacionadas con la mejora de la calidad de la oferta turística. Pero en realidad la declaración tenía un carácter meramente simbólico sin efecto real puesto que las demás consejerías nunca se han sentido obligadas, y ayuntamientos que ya han adquirido la categoría de turísticos, como el de Benalmádena, se han quejado reiteradamente de los incumplimientos y de la nula aplicación práctica.

Ahora se circunscriben las actuaciones al ámbito de las competencias de Turismo, aunque se pueden derivar otros programas a estudiar en el seno de la subcomisión de turismo que se creó en la comisión delegada para asuntos económicos de la Junta.

Obligaciones

Además de estos derechos, el nuevo decreto persigue generar también "obligaciones" a los ayuntamientos turísticos. En palabras del consejero de Turismo, Paulino Plata, se trata de "generar un compromiso por la excelencia turística, concretando las obligaciones de los municipios respecto a los servicios públicos con repercusión sobre la actividad turística".

Así, en los elementos de valoración para la declaración de un municipio turístico se considerarán cuestiones como la existencia de un planeamiento urbanístico, de un plan municipal de turismo y de ordenanzas fiscales y de medio ambiente, el estado de las oficinas de información, la relevancia de los recursos turísticos, las medidas para defensa y restauración del patrimonio histórico, cultural, urbano y ambiental, o los planes de accesibilidad y de eliminación de barreras arquitectónicas.

La consejería pretende crear dotaciones económicas específicas en sus presupuestos anuales para financiar los convenios con los municipios turísticos, pero sin llegar a crear un fondo específico de nivelación, como propone el PP en una proposición de ley del Parlamento.