Una figura nueva

Lo último y más fuerte en atropellos al ciudadano y al medio ambiente se llama Agente Urbanizador.

Explicación: tú tienes un terrenito con o sin casita, quizá heredado de tus abuelos en el pueblo, llega un constructor y presenta un plan de urbanización sobre la zona en la que está ubicada tu parcela, entre otras. El Ayuntamiento, bien relacionado con el constructor, lo aprueba. Eso sí se supone que después de comunicártelo (se da por sentado que uno pasa todos los días por el tablón de anuncios del Ayuntamiento) te dan un plazo de 15 días a ti y a los demás afectados para presentar un plan de urbanización alternativo, algo extremadamente sencillo por otra parte.

En fin, después de la aprobación, el Agente Urbanizador decide lo que ha de darte por la expropiación total o parcial de la parcela y lo que tienes tú que pagar por la urbanización de tu propia parcela. Este robo legal aunque parezca mentira es verdad. Esta práctica comenzó en la Comunidad Valenciana, pero la legislación que ampara esto ha sido copiada con entusiasmo por otros gobiernos autonómicos de todos los signos.

En resumen, lo de robar la tierra a los pobres para dársela a los ricos ha sido tradicional en la historia de la Humanidad, aunque una pensaba que ya no era así gracias a la Constitución y cosas por el estilo. Lamentablemente me equivocaba.