La acusación pedirá medidas para proteger pruebas en el 'caso Orihuela'

La acusación popular pedirá a la juez del caso Orihuela (denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al alcalde, cuatro concejales, tres asesores y cuatro promotores por 30 casos corrupción urbanística y contable) que adopte medidas cautelares para proteger las pruebas. La denuncia ha recaído en Juzgado número 4, la misma oficina que instruye la causa de las primas únicas del ex consejero Luis Fernando Cartagena.

Los grupos municipales del PSPV y Esquerra Verde, así como los colectivos ecologistas Amigos de Sierra Escalona y La Vega Baja no se Vende han anunciado que se personarán en el sumario como acusación popular. Además, otro colectivo de particulares, mayoritariamente empresarios, también estudian la posibilidad de personarse como acusación particular por los "posibles daños" derivados de adjudicaciones ilegales de programas urbanísticos por parte del Ayuntamiento.

El portavoz del grupo socialista, Francisco García Ortuño, señaló que, tras personarse, solicitará a la juez la adopción de medidas cautelares encaminadas a proteger las pruebas y posterior identificación de los autores de los delitos. "Pediremos a la juez que aplique las medidas cautelares prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la consignación, recogida y custodia de las de pruebas", explicó. La personación de los colectivos ecologistas viene motivada por las adjudicaciones de proyectos urbanísticos en suelo no urbanizable y protegido en el entorno de Sierra Escalona.

La denuncia del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, por supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Orihuela ha recaído en el Juzgado número 4 de Orihuela, que dirige la magistrada Lidia María Paloma Montaño. Esta juez es también la encargada de concluir el sumario de las primas únicas del ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena. La causa contra el también ex alcalde de Orihuela por un supuesto delito fiscal se abrió hace 15 años en un juzgado de la Audiencia Nacional. La juez está hora pendiente de la decisión del fiscal anticorrupción sobre si ejerce la acusación para retomar las diligencias.

La magistrada todavía no ha dictado ninguna resolución respecto al escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Orihuela, cuatro ediles de su equipo de gobierno, tres asesores, cuatro promotores y la mercantil Necso por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Fuentes judiciales subrayaron "que el Juzgado no ha procedido aún a registrar la causa".

Por otro lado, el promotor y propietario de un concesionario de automóviles Francisco Marcos Ferrer, aportó ayer documentación que, según él, demuestran que el Audi A8 que usa Medina es de su propiedad [del alcalde]. No obstante, el automóvil fue matriculado el 23 del 12 de 2002 y hasta el 18 de octubre de 2005 no está dado de alta en la Jefatura Provincial de Tráfico a nombre de José Manuel Medina.