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El ICIC y los exhibidores confían en lograr acuerdos sobre la ley del cine

La negociación busca vías alternativas a las cuotas de pantalla

La reunión entre los representantes del Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña y del Instituto de Industrias Culturales (ICIC) para estudiar la propuesta de Ley de Fomento de la Cinematografía de Cataluña se desarrolló ayer en un clima "de gran sintonía", según fuentes del Departamento de Cultura. En un comunicado, los exhibidores también consideraron "positivo" el encuentro.

Fuentes del Departamento de Cultura conocedoras de lo tratado en la reunión explicaron que se había hablado, sin concretar demasiado, de fórmulas que aseguren la presencia de cine catalán en las salas, que es al fin lo que pretende la nueva ley, pero que no representen pérdidas económicas para los empresarios. Ambas partes se han dado tiempo -está previsto que el proyecto de ley entre en el Parlament el próximo junio- para estudiar las distintas fórmulas posibles. Una de ellas sería, por ejemplo, el establecimiento de "cuotas de estreno", aunque los exhibidores rechazan el término cuotas, que garanticen que todas las películas de producción catalana llegan a las pantallas.

A cambio de esas obligaciones, la Administración autónoma -que no descarta que en el texto final de la norma puedan sustituirse por recomendaciones- se comprometería a determinadas contrapartidas beneficiosas para las empresas, como, por ejemplo, ayudas a la tecnificación de las salas. "No creemos que haya demasiados problemas para ponernos de acuerdo", afirmaron las fuentes consultadas. Los exhibidores coinciden en esta apreciación, por lo que respecta a la programación de cine de producción catalana y valoran las medidas alternativas que se barajan y que ahora debatirán con sus asociados. Sin embargo, tanto ellos como los distribuidores temen que la negociación con Política Lingüística sobre la parte de la ley que afecta a la exhibición de cine en lengua catalana será más espinosa. Sólo hay que recordar la polémica que suscitó la conocida como ley del doblaje que se impulsó en la etapa de Gobierno de CiU y que, al final, tuvo que retirarse.

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