Yagüe dice que no variará su política y dará licencias "como hasta ahora"

Marbella En el día después de que la Junta iniciara el expediente para retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento marbellí, la alcaldesa, Marisol Yagüe, aclaró que recurrirá la medida y que no variará su actual política urbanística. "El Ayuntamiento seguirá concediendo licencias urbanísticas tal y como hemos hecho hasta ahora, conformes al PGOU vigente de 1986. Espero que aún estemos en un estado de derecho y tengamos la posibilidad de defender en los tribunales algo que nos parece totalmente injusto", afirmó.

Tras asegurar que esperaba la medida la medida "como agua de mayo", Yagüe confirmó que el abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Manuel Clavero, asesorará al equipo jurídico municipal para concretar el recurso contra la retirada de competencias urbanísticas, anunciada el jueves por la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.

Ante la medida, las reacciones se produjeron ayer desde todos los grupos políticos. Al secretario de Organización del PSOE en Andalucía, Luis Pizarro, el inicio del expediente le pareció una "buena noticia" y "una aclamación social". "Es una noticia coherente y consecuente con los acuerdos que la Junta puso en marcha a través de la Ley del Suelo", apuntó. Para Pizarro, el consistorio marbellí ha demostrado una "insumisión total" en materia urbanística, con una repercusión "muy negativa" para los intereses generales de los ciudadanos de Marbella.

El grupo municipal socialista justificó la retirada de competencias como una consecuencia de tener que responder al "urbanismo salvaje" impuesto por el Ayuntamiento marbellí. El portavoz local del PSOE, Silvestre Puertas, señaló que la decisión "viene avalada por los tribunales, que han dado una y otra vez la razón a la Junta y han emitido varias condenas en firme". Puertas pidió la dimisión irrevocable de la alcaldesa y arremetió contra el PP, al que acusó de poner en práctica "un acercamiento al gilismo en este tema". "Los populares no han puesto ni una sola denuncia de carácter urbanístico todavía", criticó.

La portavoz municipal del PP, Ángeles Muñoz, tachó de "sospechosa" la medida, y estimó que la Junta ha calculado su intervención en materia urbanística para que el procedimiento culmine meses antes de las elecciones municipales de 2007, y así obtener réditos políticos. "Pretenden hipotecar por cinco años el futuro de Marbella y ligarlo al de la Junta", reprochó Muñoz, quien acusó al gobierno regional de "actuar con un doble rasero" al negar la disolución del ayuntamiento y sin embargo asumir los asuntos urbanísticos.

El Partido Andalucista reiteró su postura a favor del inicio del expediente, pero estimó que la medida "llega tarde". "El Gobierno de Chaves tiene que reconocer la dejación de funciones y desidia que ha mantenido, limitándose simplemente a mirar hacia otro lado", censuró el concejal andalucista Pablo Núñez. El PA cree que la continuación de la retirada de competencias dependerá del partido que consiga gobernar tras las elecciones municipales de mayo de 2007, y consideró que la decisión de la Junta tiene "cierto tufo electoral". Izquierda Unida considera que la retirada de competencias "llega tarde y no llegará a hacerse efectiva" tras los recursos que prevé presentar el consistorio contra la medida.

Por otra parte, la delicada situación económica que atraviesa el ayuntamiento quedó ayer de nuevo patente. La compañía Telefónica, a la que el consistorio adeuda 1.226.000 euros, le ha dado un ultimátum para que abone al menos 40.000 euros antes de fin de mes, según denunció ayer el PSOE. Si el consistorio no paga, Telefónica cortará algunas de las líneas que tiene contratadas.