Narbona negocia el derribo de dos hoteles en una playa protegida

El Ministerio de Medio Ambiente está ultimando un acuerdo para demoler dos hoteles en playas de Fuerteventura a cambio de terrenos para que los propietarios construyan otros edificios, según fuentes de la negociación. Los hoteles, construidos en los años setenta, invaden la playa de un parque natural y el ministerio, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento afectado, el de La Oliva, quieren preservar el parque natural.

Las dunas de Corralejo fueron declaradas parque natural en 1982, seis años después de que abriera sus puertas el hotel Oliva Beach, gestionado por la empresa Riu. El hotel, de 410 habitaciones y un centenar de bungalós, invade 70.000 metros cuadrados de las dunas del parque natural.

En 1992, el deslinde de la playa (el trámite que delimita la zona pública y privada de la playa) elaborado por el ministerio dictaminó que invadía el dominio público. La ley de Costas, de 1988, impide construir en esa zona, pero para las obras ya construidas establece un sistema de concesiones. El Gobierno del PP concedió en 2003 una concesión para ocupar la playa durante 30 años que empezaba a contar en 1992.

El ministerio, el Ayuntamiento de la Oliva y el Cabildo de Fuerteventura llevan meses negociando con el grupo hotelero Riu, como confirma un portavoz de la empresa, para conseguir el traslado de los hoteles. El acuerdo, que está muy próximo, según fuentes del Cabildo, incluiría la cesión de terreno en otra zona de la isla.

El hotel Oliva Beach será demolido cuando acabe el primero de los hoteles, en unos dos años, y después el Tres Islas seguirá el mismo camino. El ministerio afirma que "hará todo lo posible por preservar la playa", y que ha encargado un estudio para ver cómo están afectando los edificios al ecosistema de las dunas del parque. El director general de Costas, el canario José Fernández, dirigió la elaboración del deslinde en 1992 y se ha implicado en el asunto.

El Cabildo destaca además que pretende suprimir la carretera que atraviesa el parque natural y que actualmente lleva a los hoteles para aumentar la protección. El principal escollo es que el hotel Oliva Beach acaba de ser reformado. La Dirección General de Costas del anterior Gobierno le dio un permiso para la reforma del edificio en abril de 2004, días antes de dejar el Ejecutivo. El presupuesto de la obra era de 2,066 millones de euros y la resolución del Gobierno destacaba que "las obras solicitadas, a pesar de su volumen económico, no pueden considerarse una modificación sustancial de la concesión" porque no aumentaban el volumen construido. El ayuntamiento, cuya alcaldesa, Claudina Morales, es de Coalición Canaria, le concedió la licencia pese a la oposición del entonces concejal de Medio Ambiente de La Oliva.

La responsable de Costas de Greenpeace, María José Caballero, señala que, de concretarse así el acuerdo sería beneficioso para la empresa: "En otros casos, principalmente cuando hay pequeños propietarios, el ministerio se limita a expropiar la concesión, sin dar terreno a cambio". Los ecologistas temen que los hoteles se trasladen a zonas vírgenes.

Pese a la Ley de Costas, el litoral español está salpicado de casos como éste. Para aplicar la ley era imprescindible deslindar antes el litoral, y fijar en qué zonas se podía construir.

La norma daba un plazo de cinco años para completar el trámite, pero 18 años después de la entrada en vigor, faltan por deslindar más de 2.500 kilómetros de los 7.000 del litoral español. La falta de deslinde implica que no se puede resolver un expediente sancionador por una ocupación indebida.