El Ayuntamiento de Camas destituye a la concejal que denunció un soborno

El gobierno municipal de Camas (Sevilla) aprobó ayer el cese de Carmen Lobo, la edil que denunció haber sufrido un intento de soborno para aprobar varios proyectos urbanísticos en la localidad. Por este hecho están imputados el alcalde de Camas, Agustín Pavón; tres concejales del municipio (Antonio Enrique Fraile, José del Castillo y Aureliano Lucas) y el empresario Eusebio Gaviño. El equipo de gobierno -formado por una amalgama de integrantes de Izquierda Unida y ex concejales del Partido Andalucista y Partido Popular- aprovechó la ausencia del pleno de la concejal Inmaculada Larrinaga (antigua edil del PP), para lograr que prosperase el cese de Carmen Lobo, con el argumento de que ha sido condenada por el Tribunal Supremo por un delito de falsedad en documento privado. El alcalde Agustín Pavón aseguró que esta condena "conlleva necesariamente la pérdida de la condición de concejal".

Carmen Lobo anunció que denunciará por prevaricación a los ediles que votaron su cese, algunos de los cuales protagonizaron el caso Camas, que llegó a los tribunales precisamente a raíz de la denuncia de Carmen Lobo, que hasta ayer conservó su acta de edil. Su abogada Julia García Mesa presentó a última hora de la mañana un escrito en la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla en el que solicitaba que se requiera al alcalde para que declare la nulidad del acto. La letrada también presentará un recurso contencioso-administrativo y elevará un escrito a la Junta Electoral Central pidiendo que no se le concedan las credenciales de concejal a Juan Pazos Aparicio, futuro sustituto de Lobo.

Expulsión "inconstitucional"

El alcalde Agustín Pavón defendió la "viabilidad" del acuerdo adoptado basándose en la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Carmen Lobo a un año y tres meses de prisión y a la inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo durante ese tiempo por un delito de falsedad en documento privado. Esta sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Agustín Pavón hizo referencia a un informe de la Dirección General de la Función Pública que confirma, según el alcalde, que "la imposición de esta condena conlleva necesariamente la pérdida de la condición de concejal". "Tampoco cabe la posibilidad de reincorporar al concejal una vez que ha perdido esta condición y ha sido sustituido", añadió.

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, Gerardo Ruiz Rico, el cese aprobado ayer es "inconstitucional" y "carece de fundamento jurídico". El jurista considera que el pleno carece de competencias sobre el estatuto de sus miembros y, por tanto, no puede suspender a un cargo electo.

Al término de la sesión, el alcalde -cuya suspensión de militancia en Izquierda Unida está pendiente de resolución interna- dijo que con el "nuevo contexto se refuerza la gobernabilidad" de Camas. Los grupos de la oposición tendrán ahora 10 representantes (PSOE, Nueva Izquierda y la edil Inmaculada Larrinaga) frente a 11 del gobierno. La oposición consideró que el cese respondía a "una decisión precipitada".

Por su parte, la edil Inmaculada Larrinaga justificó su ausencia del pleno, que permitió que prosperase el cese de Lobo, con el argumento de que estaba "trabajando", según manifestó a miembros del grupo socialista. Esta edil ha presentado un escrito en el que desiste como denunciante en el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Sevilla, a raíz de unas declaraciones de la edil en las que acusó al alcalde de Camas y tres ediles de haberles ofrecido "todo el poder del mundo" a cambio de retirar su apoyo a una moción de censura.