Desafío frontal

El presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco J. Hernando, ha optado definitivamente por el desafío frontal al Parlamento, desinhibido quizás por los escasos meses que le quedan en el cargo. Por segunda vez en pocos días se ha negado a acudir a su llamada para dar explicaciones, no sobre cuestiones de supuesta naturaleza judicial, como las excarcelaciones de presos etarras, sino de innegable sabor político: sus disparatadas ocurrencias, al hilo del proyecto de Estatuto catalán, sobre el aprendizaje de la lengua catalana, y el falso anuncio de que lo que fuera delito en Cataluña podría dejar de serlo en otras comunidades autónomas. Hernando envuelve su actitud desafiante en argumentos de escasa o nula consistencia jurídica, confundiendo una vez más el Poder Judicial, no sujeto a control externo alguno, con el órgano que lo gobierna -el Consejo que preside-, de naturaleza política y cuyos miembros deben someterse, al igual que su gestión, al control parlamentario, que no político, de los representantes de la soberanía popular. Hernando y la mayoría conservadora que lo jalea defienden para sí un comportamiento institucional que encaja mal con la democracia vigente en España desde 1978, en la que los poderes e instituciones del Estado no son compartimentos estancos, sino que se controlan y equilibran entre sí, y todos ellos, en último término, por el Parlamento. Ojalá que Hernando lograra entenderlo así de aquí a noviembre próximo, en que debe dejar el cargo que desempeña desde 2001.