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Los fiscales del único procesado por el 11-S estudian dejar el caso

El ministerio público de EE UU cree difícil proseguir tras la anulación de siete testimonios

El equipo de la Fiscalía en el juicio contra Zacarias Moussaoui, el único procesado en EE UU por los atentados del 11-S, valora la posibilidad de interrumpir el proceso para establecer la pena -cadena perpetua o pena capital- después de la decisión de la juez Leonie Brinkema de impedir la declaración de siete testigos. Los testigos, funcionarios del Organismo Federal de Aviación, recibieron mensajes de una abogada en los que se les hacían sugerencias sobre sus testimonios y se les daba acceso a un material que la juez había puesto explícitamente fuera de su alcance.

Seis de ellos aseguraron que los mensajes no iban a cambiar sus declaraciones, pero la juez dijo que no podía estar segura de ello y que se atenía a la violación de las normas federales que prohíben aleccionar a testigos con intención de influirles. Y decidió que ninguno podía subir al estrado y fijó la reanudación del proceso para el lunes.

Los fiscales, que condenaron la filtración de la abogada de su equipo -fueron ellos, de hecho, los que lo denunciaron a la juez el lunes- determinaron que sería "una pérdida de tiempo" mantener el juicio. "Francamente, no sabemos aún si merece la pena seguir, después de su decisión", dijo el fiscal Rob Spencer, según la transcripción de la reunión con la juez.

Moussaoui, un francés de origen marroquí de 37 años detenido en Minnesota el 16 agosto de 2001 porque despertó las sospechas del instructor de vuelo de la escuela en la que se había matriculado, se reconoció culpable en abril de 2005 de pertenecer a Al Qaeda y de conspirar para secuestrar un avión comercial, pero negó pertenecer a la trama del 11-S.

Teoría insostenible

La Fiscalía contaba con los testimonios ahora suprimidos para sostener su teoría de la implicación en el 11-S, lo que supondría la pena máxima para Moussaoui. Sin ellos, "el juicio va a hacer perder el tiempo al jurado y al tribunal", según Spencer. La defensa pidió, y no obtuvo, anular la pena de muerte; el abogado Edward MacMahon dijo que no era posible recurrir la decisión sobre los testigos en pleno proceso. La juez confesó su ignorancia al respecto.

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Tras su "increíble actuación" que "incluso un estudiante de primer curso de derecho hubiera calificado de idea muy mala", según The New York Times, la abogada responsable del desaguisado, Carla Martin, guardó silencio por consejo de su letrado. Su resbalón ha sido la guinda de varios despropósitos, hasta el punto de que, en opinión de la juez, "es posible que no haya habido, en los anales del derecho penal, un caso con tantos problemas graves".

En este largo proceso que empezó en octubre de 2002 y que es un escaparate de la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial sobre los procesos a los acusados de terrorismo, la juez Brinkema ha tenido un papel protagonista. En 2003, como represalia contra la Administración por impedir la declaración de miembros de Al Qaeda a favor de Moussaoui, descartó la posibilidad de la pena de muerte. Un tribunal superior falló en contra.

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