Medio Ambiente detecta altos niveles de mercurio en las aguas subterráneas de Embajadores
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reveló ayer que los medidores de su ministerio en la calle de Embajadores han detectado niveles de mercurio en las aguas subterráneas de la zona que superan con mucho el nivel permitido. Estas aguas están cargadas con 15 microgramos de mercurio por litro, cuando el objetivo de calidad es de una media anual de un microgramo por litro.
Según Cristina Narbona, esa alta presencia de mercurio "podría deberse a la existencia de algún suelo contaminado, pues ésta es una antigua zona industrial de Madrid". Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han sido informados por la Confederación Hidrográfica del Tajo de estos hallazgos, aseguró la ministra, que dio el dato durante su comparecencia de ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Un portavoz de Medio Ambiente explicó que las competencias en cuanto a suelos contaminados pertenecen a la Comunidad de Madrid. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, por su parte, matizaron que la competencia en aguas subterráneas es del ministerio, y que sólo en caso de un vertido industrial incumbe a la Comunidad. En cualquier caso, los niveles de mercurio, dentro de ser sorprendentemente altos, deben entenderse como una medición puntual. De hecho, este dato no es concluyente hasta que no se mida la media de posibles restos contaminantes durante un periodo de tiempo más amplio, explicaron fuentes del ministerio.
La ministra respondió también a una pregunta del senador Eduardo Cuenca, de Izquierda Unida, sobre las actuaciones e inspecciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el río Manzanares a raíz del impacto de las obras de la M-30 en el cauce.
Expedientes sancionadores
Narbona, que lamentó que las obras de la M-30 no tengan una declaración de impacto ambiental, detalló que, desde el comienzo de los trabajos en el río Manzanares, su ministerio ha cursado seis expedientes sancionadores. Primero, por la no retirada de material en la zona del puente de la Princesa. Segundo, por un vertido de bentonita en la zona del puente de Praga. Este expediente dio lugar a una paralización cautelar de la obra hasta que se solucionó el problema.
También abrió expedientes por una toma de agua no autorizada en el río Manzanares a la altura del puente de Praga; por la construcción de un murete aguas abajo del puente de Toledo; por la construcción de una isleta aguas arriba del puente de Segovia y por otro vertido de bentonita en la zona del paseo del Marqués de Monistrol.
El Ayuntamiento de Madrid rehusó hacer declaraciones sobre la supuesta contaminación por mercurio de las aguas subterráneas de la calle de Embajadores. El Consistorio recordó que éstas son competencia del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, informa Luis Doncel.
UGT pide que el servicio sea gratuito
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, cuya titular es Beatriz Elorriaga, aún tiene que perfilar dos aspectos fundamentales de la mediación familiar: quién tratará de conciliar posiciones y quién pagará el servicio.
La posición actual del Gobierno regional, según el último borrador del anteproyecto de ley, es que las familias paguen por contar con un mediador en sus conflictos. Sólo habrá una excepción: "Las personas con recursos inferiores al doble del indicador público de renta de efectos múltiples", una variable vinculada, y algo inferior, al salario mínimo interprofesional. En este momento ese indicador está fijado en 479 euros.
La propuesta de Elorriaga es crear un Registro de Mediadores Familiares mediante convenios con colegios profesionales como el de psicólogos, trabajadores sociales, economistas, abogados... Las divididas familias elegirán de mutuo acuerdo al mediador, al que podrían recusar por varias razones, entre ellas tener interés personal en el caso, haber intervenido como perito en un juicio de alguna de las partes, tener amistad o enemistad con algún familiar u otras.
El sindicato UGT se opone a este sistema. "Entendemos que la mediación, como ya funciona en otras comunidades, debiera ser un servicio gratuito, ya que se trata de un asunto de gran interés para la sociedad", explica Carmen López Ruiz, secretaria de Políticas Sectoriales de UGT-Madrid.
Este sindicato cree, por ello, que no deben ser personas externas a la estructura de los servicios sociales las que actúen como mediadores.
"Entendemos que debe ser personal que forme parte de la estructura de los servicios sociales regionales, contratados a tal efecto, los que ejerzan esta labor", opina López Ruiz.
En su escrito de alegaciones al anteproyecto, UGT también propone que la "mejora de la protección de menores y personas con discapacidad sea una de las finalidades de la mediación familiar, no quedando tan sólo como uno de los principios" de la nueva norma del Gobierno regional.
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