La bomba que desmontó la tesis sobre ETA del PP

Dos años después de ocurrido el peor atentado en la historia de España, las evidencias respecto a cómo se preparó y quién lo ejecutó son incontestables, según sostienen policías y guardias civiles que han participado en la investigación desde el mismo 11 de marzo. Incluso lo creen así cargos policiales de la confianza del Gobierno de José María Aznar que durante el primer mes y medio de pesquisas trabajaron en funciones.

Pese a ello, el PP -que defendió durante 48 horas que la hipótesis principal sobre el atentado apuntaba a ETA- se empeña desde su derrota en las elecciones del 14 de marzo en dar credibilidad e impulso político a sospechas sobre la posible connivencia de funcionarios públicos o servicios de información extranjeros en la preparación de los atentados.

La investigación judicial considera que dichas sospechas son infundadas, pero el PP continúa poniendo en duda cuestiones que desde hace tiempo han quedado demostradas con pruebas contundentes recogidas en decenas de informes periciales contenidos en el sumario. Dos años de trabajo de policías, guardias civiles, jueces y fiscales, y la colaboración de decenas de testigos han dado como resultado cientos de pruebas y testimonios que reconstruyen al detalle el atentado de los trenes.

También se ha conocido en este tiempo cómo se desarrolló la investigación para lograr resultados rápidos. Menos de un mes después de la matanza, el ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, declaró en conferencia de prensa que el "núcleo central" de terroristas que perpetró el 11-M estaba detenido o muerto. Por lo que se vio después, era cierto.

LA INVESTIGACIÓN Dos pistas fundamentales

La historia de una investigación que el PP cuestiona desde hace más de un año arranca de dos pistas fundamentales: la furgoneta Kangoo en la que algunos de los terroristas del 11-M viajaron a la estación de Alcalá de Henares antes de montar en los trenes de la muerte, y la bomba hallada en el interior de una bolsa de deportes recuperada de la estación del Pozo y desactivada unas horas después.

El Partido Popular se ha creído que esa pista de la bomba desactivada pudo ser manipulada, de manera que nunca estuvo en los trenes pero alguien la colocó dentro de una bolsa de basura junto a otros objetos recuperados de la estación del Pozo antes de ser trasladada desde el Ifema a la comisaría de Vallecas.

La información que contenía esa bomba llevó a la policía a descubrir unos hechos que, a estas alturas de la investigación, nadie pone en duda. Nadie, salvo el PP, que a través de su presidente, Mariano Rajoy, ha llegado a plantear la conveniencia de que se anule todo el sumario -que mantiene en la cárcel a 25 supuestos implicados en la matanza- si la sospecha resulta fundada.

LA BOMBA DE VALLECAS Información decisiva

Una bolsa de viaje de color azul oscuro fabricada en fibra de poliéster, con una inscripción manuscrita en el protector de las asas, salió de una de las 17 bolsas de basura en las que se habían guardado decenas de objetos -entre ellos 34 bolsos y 21 mochilas- recuperados de los trenes en la estación del Pozo.

Esa bolsa de deportes de color azul oscuro contenía una bomba. Los funcionarios que lo desc

ubrieron en la madrugada del 11 al 12 de marzo de 2004 en la comisaría del Puente de Vallecas -había ocho agentes haciendo el recuento- llamaron a los expertos en explosivos.

Tres horas más tarde, un agente del Tedax lograba desactivar en el Parque Azorín el artefacto, compuesto por 10,2 kilos de dinamita del tipo Goma 2 Eco, 600 gramos de clavos, y un teléfono móvil marca Motorola Triumph conectado a un detonador eléctrico de cápsula de cobre fabricado

por Unión Española de Explosivos. Con ese material cargado de información, la policía arrancó una investigación que daría frutos en muy poco tiempo.

LOS EXPLOSIVOS La venta en mina Conchita

Los agentes tardaron muy poco en averiguar que el detonador encontrado en la bomba desactivada de Vallecas, del tipo número 5, y el explosivo, dinamita del tipo Goma 2 ECO, eran similares a los siete detonadores y los restos de explosivos hallados en la furgoneta Kangoo aparcada en Alcalá de Henares. Canela de Seguridad, empresa distribuidora del explosivo, confirmó a la policía que servían en exclusiva ese material a la empresa asturiana Caolines de Merilles, que explotaba las minas Conchita y Arbodas.

La Guardia Civil investigó en la mina y descubrió el agujero por el que se escapaba la dinamita y los detonadores. Posteriormente, una sentencia que firmó el 17 de noviembre de 2004 José María Vázquez Honrubia, magistrado del Juzgado Central de Menores, confirmaba todos los hallazgos de la Guardia Civil y consideraba como hechos probados que la dinamita utilizada en los atentados del 11-M había sido robada de la mina Conchita. Esa sentencia condenaba a seis años de internamiento en un centro de régimen cerrado a Gabriel M. V., un menor que colaboró con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras en la entrega del explosivo a los terroristas e identificó a cuatro de ellos que estuvieron con él cuando se robó la dinamita: Jamal Ahmidan, Asir Rifaat Anouar, Mohamed Oulad Akcha y Abdenabi Kounjaa, todos ellos muertos en el piso de Leganés el 3 de abril de 2004.

EL TELÉFONO Una tarjeta muy valiosa

El teléfono móvil recuperado de la bomba desactivada en el Parque Azorín, de Vallecas, llevaba una tarjeta prepago con el número 652 282 963. Amena era la compañía que suministraba el servicio de esa tarjeta y que facilitó a la policía información suficiente respecto al tráfico de llamadas de ese número y de otros muchos que la investigación consiguió reunir tras averiguar dónde se había vendido la tarjeta. Un locutorio de Lavapiés, Jawal Mundo Telecom, al frente del cual se encontraba el marroquí Jamal Zougham, investigado hace varios años por el juez Baltasar Garzón en relación con células terroristas islamistas. Zougham había vendido 30 tarjetas de un paquete de 100, de las que 15 se habían activado. La policía, con la colaboración de las compañías telefónicas, comprobó que la tarjeta del teléfono de la bomba del Pozo que no explotó se había activado tan sólo unas horas antes, el 10 de marzo, bajo la cobertura del repetidor de Morata de Tajuña, un municipio situado en las afueras de Madrid. Pero además descubrieron, con información de las compañías telefónicas, que otras seis tarjetas del mismo paquete vendido por Zougham se habían activado ese mismo día en el mismo sitio y que ya no estaban operativas, por lo que la policía intuyó que iban en seis de las diez bombas que explotaron ese día en los cuatro trenes. Otras dos tarjetas del mismo paquete seguían funcionando, y la policía pidió a las compañías información detallada de todos sus movimientos. Así llegaron a dos puntos clave de la investigación: Avilés, el municipio en el que se encontraban los terroristas con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras para conseguir el explosivo; y Leganés, el piso donde se ocultaban los autores del atentado del 11-M y que saltó por los aires cuando siete terroristas se suicidaron con parte de la dinamita robada en Avilés que no habían utilizado en la matanza de los trenes.

HUELLAS Y ADN Confirmación de hallazgos

El análisis de las huellas y de las ropas y de los restos humanos hallados en los escenarios del atentado de los trenes, de la casa de Chinchón donde se montaron las bombas y activaron los teléfonos móviles, y del piso de Leganés, confirmaron todo lo que la policía había descubierto en su investigación de los explosivos y de la tarjeta prepago hallada en el artefacto desactivado en Vallecas.

Así, en la casa de Chinchón, alquilada por Jamal Ahmidan -suicida de Leganés y que visitó Avilés para conseguir la dinamita robada y habló por teléfono con Trashorras- se han recogido muestras de ADN correspondientes a cuatro de los suicidas de Leganés y huellas de otros dos implicados en el atentado.

En la furgoneta donde se encontraron los detonadores y los restos de explosivos, la investigación también confirmó las huellas de cuatro de los implicados. Junto a la estación de Vicálvaro y gracias a las revelaciones de algunos testigos, la policía recuperó de un contenedor ropas de al menos cuatro terroristas que se bajaron de los trenes de la muerte tras depositar sus mochilas cargadas de bombas. En la casa de Leganés, tras el suicidio de los siete terroristas, los policías pudieron certificar la identidad de los mismos y encontraron archivos de ordenador y cintas de vídeo que probaban, también, su participación en los atentados.