El Gobierno pacta con el PSE una Ley de Aguas que limita el canon ecológico

Euskadi podrá disponer a finales de este ejercicio de una Ley de Aguas, doce años después de que el Estado transfiriese la competencia de obras hidráulicas. El PSE anunció ayer el acuerdo con el Gobierno sobre la normativa, en el que supone el tercer gran pacto cerrado entre los socialistas y el tripartito en cuatro meses tras los logrados con los presupuestos y la ley de Suelo. El acuerdo supone que variará el canon ecológico inicialmente previsto, que ya no será general, sino que lo pagarán sólo los hogares que consuman más de 130 litros por persona y día.

La Ley de Aguas se ha intentado tramitar desde mediados de los años 90 para acabar con la dispersión de competencias entre las diferentes administraciones. La pasada legislatura estuvo a punto de aprobarse, pero la Diputación de Álava, gobernada por el PP, se opuso al aducir que invadía competencias forales. Tuvo que intervenir la Comisión Arbitral, que dio la razón al Gobierno autónomo.

El Ejecutivo aprobó el proyecto en octubre pasado y empezó a discutirse por los grupos políticos en el Parlamento. Después de tres meses de negociaciones, los socialistas y el Departamento de Medio Ambiente han alcanzado un acuerdo que posibilitará la aprobación del texto al garantizarse la mayoría absoluta. El pacto evitará que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que se reúne hoy, devuelva el proyecto al Gobierno ya que los socialistas retirarán su enmienda a la totalidad.

La negociación se ha centrado en el PSE, una condición impuesta por los socialistas. "Empezaba y terminaba con nosotros. Es decir, que aquellos puntos acordados no podían modificarse tras negociaciones posteriores con otros grupos parlamentarios", subrayó ayer la parlamentaria del PSE Natalia Rojo.

La nueva ley tendrá algunos cambios de calado sobre el proyecto aprobado por el Gobierno. El principal se refiere al canon ecológico, un tributo al que obliga la legislación comunitaria que será aplicado en todos los países de la UE. Euskadi ha fijado el pago de 0,06 euros por metro cúbico de agua consumida. El proyecto no fijaba inicialmente diferencias según el consumo. El acuerdo con los socialistas fija ahora que quedarán exentos de su pago los hogares que no utilicen más de 130 litros de agua por persona y día, un baremo que se equipara al consumo medio en los domicilios vascos.

Información exacta

De esta manera no se mide el consumo por hogar, sino que la base de cálculo será el número de miembros por unidad residencial. "Con la redacción anterior las familias numerosas salían perjudicadas, porque siempre iban a consumir más agua que las unipersonales. No era real que hubiese un derroche del agua y, por tanto, la penalización. De esta forma, garantizamos el uso responsable del agua y el coste proporcional. Y que quien degrada el medio, paga", explicó Rojo.

La aplicación del canon por persona obligará a la Administración a disponer de la información exacta de cuántos ciudadanos componen cada hogar y los consorcios y mancomunidades deberán ser más diligentes en las lecturas trimestrales de los contadores. En muchos casos sucede ahora que un trimestre no se compruebe el consumo, que se carga en la factura de los siguientes tres meses.

El Departamento de Medio Ambiente, que eludió ayer comentar el acuerdo, había calculado que iba a recaudar entre 13 y 15 millones de euros con este canon antes de que se incluyera la exención. El dinero obtenido, que ahora será inferior, se destinará a obras medioambientales. La aplicación del canon, según añadió Rojo, permitirá revisar por vez primera el consumo del agua de la industria y la agricultura, "que no tenían a nadie que les controlara". En los usos industriales, el texto pactado establece que las empresas no pagarán el canon sólo en los casos de reutilización del agua que no suponga una alteración de su calidad, señaló la representante socialista.

EHAK anunció ayer su rechazo al proyecto porque, según dijo, "privatizará un bien básico como el agua". A su juicio, esta privatización se hará a través de la Agencia Vasca del Agua, que centralizará las competencias en esta materia.

Natalia Rojo aventuró que el Parlamento puede aprobar la Ley de Aguas en "abril o mayo". A continuación, se abrirá el periodo de exposición pública y las alegaciones. "La idea es que entre en vigor este mismo año", concluyó la parlamentaria socialista.