El Gobierno pide la máxima liberalización en servicios

La polémica directiva de servicios, sustancialmente diluida por el Parlamento Europeo, volvió ayer a ser discutida en el Consejo de Ministros de competitividad que se celebró en Bruselas. El texto pretende liberalizar los servicios en la UE. Los ministros de Industria y Empresa de los Veinticinco abordaron por primera vez la espinosa directiva, presentada por el comisario Fritz Bolkestein en 2004, y que en su versión original incluía el conflictivo principio de país de origen.

Según este principio, las empresas de servicios deberían estar sometidas a la legislación del país en que habían sido constituidas y no a las de los distintos países en que actuasen. Aunque los promotores de la norma explicitaron que la legislación laboral no se vería afectada por la directiva, los sindicatos y los partidos de izquierda consideraron que era una forma de consagrar el dumping social.

Este principio, que parecía enterrado por las enmiendas de la Eurocámara, que rebajaron sustancialmente el contenido de la directiva, volvió a ser objeto de debate ayer. Alberto Navarro, secretario de Estado para la Unión Europea, manifestó que la redacción elaborada por el Parlamento Europeo "no excluye totalmente el principio del país de origen".

En cualquier caso, "España hará la interpretación más liberal posible". "A España", añadió, "la liberalización siempre le ha ido muy bien. Todo lo que sea liberalizar los servicios, que representan el 80% del empleo total, le va muy bien". En esta materia, España se encuentra en el grupo de países partidarios de la máxima liberalización, encabezado por el Reino Unido y Suecia, y que cuenta con el fuerte respaldo de los nuevos países de la ampliación.

La Directiva de Servicios será uno de los temas más importantes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los próximos 23 y 24 de marzo. Posteriormente, el 4 de abril, la Comisión elaborará un nuevo texto con las aportaciones de los distintos países.