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Francia suministrará el sistema de combate de los buques para Caracas

Defensa cree que el espionaje de EE UU intentó vetar la operación

Miguel González

Aunque las presiones de Estados Unidos se han centrado en España, casi el 20% de los 1.250 millones de euros que cuestan las ocho patrulleras que los astilleros públicos Navantia han vendido a Venezuela irán a parar a manos francesas. Por razones políticas, el Gobierno español ha decidido que Navantia no fabrique los sistemas de combate de los buques, que serán suministrados por Thales, el grupo francés de electrónica y defensa, por unos 230 millones.

El Ministerio de Defensa está convencido de que la operación de espionaje denunciada por el presidente Chávez en torno a los buques era cierta. El objetivo de Washington sería localizar componentes de origen estadounidense en los barcos para vetar la operación. Ese veto a la transferencia a Venezuela de los equipos de origen estadounidense incluidos en los aviones de transporte fabricados por CASA-EADS (lo que ha dejado en suspenso la venta a Caracas de 12 aparatos por 500 millones de euros) ha obligado a revisar con lupa hasta el último tornillo utilizado en la construcción de los ocho buques de Navantia.

Fuentes del astillero público sostienen que las patrulleras (dos oceánicas y dos litorales) no llevan ni un solo componente cuya venta a un tercer país requiera la licencia de EE UU. Como ejemplo, un equipo de radio que utiliza la Armada venezolana y tiene patente estadounidense se sustituyó por otro europeo para evitar cualquier problema.

Así se le comunicó a la embajada estadounidense en Madrid, cuyo titular es Eduardo Aguirre, a la que también se le facilitó información pormenorizada para convencerle de que no se trataba de buques de ataque, sino de protección de los recursos naturales y que, en consecuencia, no podían ser vistos como una amenaza por los países vecinos.

Durante el proceso de negociación, y a medida que la hostilidad de EE UU hacia la operación se iba haciendo más patente, el proyecto se fue desarmando y civilizando. A pesar de que, por sus dimensiones, los buques de vigilancia oceánica encajan en la categoría de corbetas, se evitó el uso de este nombre y se limitó su armamento a un cañón italiano Oto Melara -de 40 o 76 milímetros de calibre- y una ametralladora suiza Oerlikon de 20 milímetros.

Pero la cesión más significativa fue la renuncia a vender el sistema de combate de las patrulleras. Aunque, según fuentes industriales, Navantia tenía capacidad para ello -en los años ochenta fabricó el sistema de combate de los patrulleros Serviola, antepasados de los buques para Venezuela-, por razones políticas se decidió no entrar en el corazón del buque de guerra.

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El contrato firmado por los astilleros públicos españoles con la Armada venezolana, cuya ejecución debe iniciarse en breve, incluye la integración de sistemas de combate franceses suministrados por el grupo Thales.

No parece, sin embargo, que estos gestos apaciguaran la inquietud de EE UU. A principios de febrero, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, confirmó que la investigación por espionaje abierta contra varios mandos de la Armada venezolana estaba relacionada con las patrulleras de Navantia. El caso provocó un incidente diplomático entre los dos países, con la expulsión de sendos agregados de las respectivas embajadas.

Tanto el Ministerio de Defensa como la industria española están convencidos de que las protestas venezolanas están fundadas y de que, efectivamente, existió un caso de espionaje en torno a las patrulleras de Navantia. Pero el objetivo, en opinión de las mismas fuentes, no podía ser el descubrimiento de capacidades militares insospechadas en las embarcaciones, cuyas características son sobradamente conocidas por el Pentágono, sino la localización de algún componente que, aunque de forma indirecta, tuviera origen estadounidense.

Con esta información, Washington podría haber extendido a las patrulleras el veto ya planteado a la venta de aviones o, como mínimo, haber puesto serias trabas a la operación.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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