El servicio jurídico de Marbella avisó de que debían revocarse licencias

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella informaron en octubre de 2003 al gobierno de Marisol Yagüe de que no debía aprobar los proyectos de ejecución de aquellas viviendas cuyas licencias no se ajustaran a la legislación urbanística aunque ya estuvieran concedidas. Pero la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, encargó un dictamen en sentido contrario a un abogado de su confianza en el que se ha escudado el actual equipo de Gobierno para no revocar las licencias de sus antecesores impugnadas en los tribunales.

El 10 de noviembre de 2003, apenas tres meses después de la toma de posesión del actual equipo de Gobierno, el servicio jurídico administrativo de la sección de Urbanismo del consistorio emitió un informe en el que advertía de que cuando una licencia de obra concedida ya por el consistorio no se ajuste a la legalidad, "procede denegar la aprobación del proyecto de ejecución y revisar la licencia ilegalmente otorgada".

Pero el equipo de Gobierno hizo caso omiso de esta recomendacíón y otorgó permisos de ejecución para construcciones cuyas licencias habían sido recurridas en los tribunales por vulnerar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El 1 de octubre de 2004, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, pidió a la alcaldesa en una reunión a la que asistieron tres técnicos municipales que revocara dichas licencias y le advirtió de que si no lo hacía podía incurrir en un presunto delito. Tras aquel encuentro, Yagüe se mostró dispuesta a colaborar y a revisar las licencias, aunque si se quejó de la falta de medios del consistorio.

Pero cinco días más tarde de aquella reunión, la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, pidió al jefe del servicio jurídico de Urbanismo que remitiera el informe que había hecho en octubre de 2003 al abogado José Carlos Aguilera, estrecho colaborador de la ex concejal socialista en su etapa de oposición y actualmente contratado como asesor externo del consistorio.

En apenas unas horas, Aguilera emitió un informe que contradecía al de los servicios jurídicos municipales en el que aseveraba que "no es posible revocar" una licencia de obras en el momento de emitir el permiso de ejecución. Según este informe, para otorgar la licencia de ejecución únicamente hay que comprobar que la propuesta se ajusta al proyecto básico que se presentó para la obtención de la licencia, que se trata de un procedimiento de mera comprobación de las cuestiones técnicas de la obra y que en ningún caso cabe entrar en consideraciones de tipo urbanísticas.

Del informe de este letrado particular quedó enterada la comisión municipal de Gobierno, órgano que decide sobre las licencias de obras, en sesión celebrada el 7 de octubre. Curiosamente, nunca se le informó del dictamen emitido por el servicio jurídico del propio del consistorio.

En aquel también se apreciaba que la otorgación de licencia de ejecución es un mero trámite de comprobación técnica, en el que no cabe revocar una licencia, pero que "esta regla quiebra si la licencia no se ajusta a la legalidad". Y esgrimía un supuesto que ha acabado siendo real: "¿qué decir si el acto de concesión de licencia es constitutivo de infracción penal?".