Irún amaga con prescindir de las contratas de limpieza

El Ayuntamiento de Irún amagó ayer con iniciar las gestiones para la "rescisión de contratos" a Eulen y Clece, las empresas encargadas de la limpieza de edificios municipales, "dado que no se vislumbra ninguna posibilidad de negociación entre empresas y sindicatos" para acabar con la huelga que mantienen 58 de sus empleadas desde hace 53 días en demanda de su equiparación salarial con las funcionarias -éstas cobran un 35% más-. Así lo anunció ayer a través de un comunicado, en el que también advierte de su intención de asumir los servicios de limpieza, lo que supondría la convocatoria de una oferta pública de empleo.

La reunión entre las empresas y ELA, LAB y ESK había acabado la víspera en fracaso: no se logró siquiera constituir una mesa de negociación. "El Ayuntamiento no puede aceptar que el paro se prolongue indefinidamente, poniendo en riesgo la prestación de dichos servicios. Sobre todo, en centros especiales como los colegios de Educación Primaria o la residencia municipal de ancianos, donde los escolares y personas mayores se están viendo perjudicados", justifican sus responsables municipales.

Hasta la fecha, el Consistorio irunés ha defendido que esta huelga es una guerra entre empresas y trabajadores. Sólo intervino a mediados de febrero para pedir al Departamento de Empleo que reforzara los servicios mínimos de escuelas y residencia de ancianos. Ahora tercia en el asunto con un anuncio ambigüo. Primero dice que "se plantea rescindir los contratos y pasar a prestar el servicio directamente". Luego, que ya se han iniciado las gestiones para las dos cosas. Y cuando se le pide que aclare estos extremos y explique si hay o no una decisión firme en estos momentos, responde con evasivas: "Hay una decisión firme de estudiar la rescisión".

La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los sindicatos y las trabajadoras, que se reunieron en asamblea. "Primero es una decisión que choca con una nota solemne que hizo el Ayuntamiento hace dos o tres meses, diciendo que la gestión del servicio iba a seguir siendo externa", afirma un portavoz de ELA. Advierte además que la medida acarrearía un hecho de enorme gravedad, el despido por las empresas de las 58 trabajadoras afectadas. Las empleadas, que dicen mantenerse "más firmes que nunca" anuncian, llegado el caso, "una respuesta en la misma proporción que el despido".