¿Quiénes son los 'yihadistas' en España?

Desde finales de los noventa, pero especialmente tras el 11 de marzo de 2004, han sido detenidas en nuestro país algo más de trescientas personas por su presunta relación con el terrorismo yihadista, unas doscientas de las cuales ingresaron en prisión a requerimiento judicial. El estudio de algunas características demográficas y sociales propias de estas últimas permite establecer el perfil sociológico que tienen en España quienes se vinculan a células, grupos y organizaciones alineadas con Al Qaeda. Este conocimiento es de interés sustantivo para informar tanto el debate en el seno de la sociedad española sobre aquella violencia de inspiración religiosa y la manera en que ha de reaccionarse frente a la misma, como, igualmente, una actualización de las medidas gubernamentales para prevenir el terrorismo internacional que se vienen adoptando en esta legislatura.

Cabe constatar, en primer lugar, que la práctica totalidad de aquellos a quienes se considera implicados en actividades de terrorismo yihadista son varones que comparten una visión excluyente a la vez que belicosa del credo islámico. Concretamente, el noventa y nueve por ciento de cuantos individuos fueron recluidos en centros penitenciarios españoles a partir de 1997, acusados de pertenecer o colaborar con redes terroristas de aquella orientación fundamentalista, son varones. Este dato podría explicarse en atención a los patrones de conducta propios de la subcultura que comparten los yihadistas y al hecho de que las mujeres suponen una minoría en el seno de las comunidades musulmanas establecidas en nuestro país, compuestas básicamente por inmigrantes de primera generación. Sin embargo, se trata de un rasgo invariable del fenómeno terrorista tal y como lo hemos conocido desde hace más de un siglo, al igual que del yihadismo global en conjunto.

Por otra parte, los yihadistas en España serían sobre todo hombres que nacieron entre el inicio de los sesenta y finales de los setenta. Ahora bien, la mitad de todos ellos procede de las cohortes de nacidos entre 1966 y 1975. Es decir, entre las generaciones que llegaron a la adolescencia cuando triunfaba la revolución iraní o se iniciaba el conflicto afgano y las que alcanzaron ese estadio de sus vidas mientras el Ejército soviético era derrotado por los muyahidín, se generalizaba entre los musulmanes la percepción de que el modelo de las sociedades occidentales había fracasado, estallaba la contienda civil bosnia y las corrientes salafistas eran extendidas por el mundo islámico o comunidades de esa misma confesión fuera del mismo. Al ser detenidos, siete de cada diez individuos que posteriormente ingresarán en prisión tenían entre 26 y 40 años, tramo de edades similar al que para ese mismo momento denotan miembros y colaboradores de otros movimientos terroristas.

Sólo un muy pequeño porcentaje de cuantos han ingresado en nuestros centros penitenciarios como sospechosos de terrorismo yihadista eran españoles de origen y los conversos radicalizados resultan estadísticamente insignificantes. Alrededor del cuarenta por ciento son de origen marroquí; unos cinco puntos porcentuales menos son argelinos; cerca del once por ciento, sirios; aproximadamente un seis por ciento, pakistaníes, y el resto, de otros once países. En conjunto, siete de cada diez son nativos del Magreb, algo que está en consonancia con la proximidad geográfica de esa región geopolítica, la población predominante entre los inmigrantes musulmanes en España y el excedente de terrorismo islamista relocalizado desde Argelia. Esas proporciones se mantienen cuando se atiende al dato de la nacionalidad, salvo en el caso de los ciudadanos españoles, cuya proporción se incrementa algo debido a la nacionalización de algunas personas procedentes de Siria y, en menor medida, Marruecos.

Ahora bien, salvo raras excepciones, los casi doscientos individuos recluidos en España por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista vivían y fueron detenidos en nuestro país, a excepción de unos pocos extraditados. Pero no se distribuyen homogéneamente por el territorio nacional. Algo más de un tercio vivía y fue detenido en la Comunidad de Madrid; una cuarta parte, en Cataluña, y en torno al doce por ciento, respectivamente, en Andalucía y la Comunidad Valenciana, con tasas mucho más reducidas para otras regiones. Madrid y Barcelona son las provincias que registraron un mayor número de personas relacionadas con estas tramas terroristas. Les siguen otras cuatro situadas a lo largo del litoral mediterráneo, cercano a la ribera norteafricana, trayectoria natural hacia otros países europeos

y con economías propicias a la absorción de mano de obra inmigrante. Al contrario de lo que muchos piensan, seis de cada diez extranjeros ingresados en centros penitenciarios españoles como sospechosos de terrorismo yihadista se encontraban en situación regular, mientras que los restantes cuatro estaban irregularmente. Al menos un veinte por ciento de ellos, sobre todo inmigrantes sin permiso de residencia, había estado ya en prisión por otros delitos. Sólo uno de cada diez, ahora del conjunto de individuos encarcelados, carecería de educación formal, seis tendrían estudios primarios y otros tres desde bachillerato hasta superiores. Es posible estimar, con cautela, que en torno al sesenta por ciento carecían de cualificación laboral, y si trabajaban, lo hacían de albañiles o jornaleros; el veinte por ciento podrían desenvolverse como obreros especializados o personal de servicios; un diez por ciento eran profesionales o estaban capacitados para empleos de cuello blanco, en tanto que un porcentaje similar correspondería a autónomos de la industria o los servicios.

Este perfil sociológico sugiere algunas orientaciones para la prevención y contención del terrorismo internacional en España, complementarias de iniciativas intergubernamentales desarrolladas dentro y fuera del ámbito europeo. En primer lugar, los recursos materiales y humanos de índole policial deben atender preferentemente, aunque no de modo exclusivo, a ciertos nichos de la estructura social en determinadas zonas del territorio español. Además, es preciso continuar reforzando la cooperación antiterrorista con una serie de países árabes e islámicos, al igual que se hace con naciones occidentales que disponen de información operativa de importancia. En segundo lugar, dado que los yihadistas en España se presentan a sí mismos como musulmanes y ejercen proselitismo, es obligado avanzar en el diálogo entre autoridades estatales y dirigentes de las comunidades islámicas, quienes han de seguir comprometidos en la deslegitimación del terrorismo.

Por último, el hecho de que la mayoría de cuantos han ingresado en prisiones españolas por supuesta implicación en actividades de terrorismo yihadista procedan de países norteafricanos y mediorientales invita a definir y coordinar una diplomacia pública que sea focalizada, adquiera una dimensión interministerial e incorpore a actores relevantes de la sociedad civil. Una diplomacia pública que se inscriba en una estrategia nacional frente al terrorismo internacional y sea complementaria de otros programas colectivos a los que el Gobierno español contribuye cuando no promueve. Su finalidad sería la de trasladar no sólo a las élites políticas, sino a la opinión pública del mundo árabe e islámico, el sentido de las medidas contra ese terrorismo implementadas en nuestro país, así como facetas no bien conocidas o entendidas de las políticas españolas en materia de inmigración, asuntos religiosos, cooperación internacional y acción exterior.

Una diplomacia pública de estas características nada tiene que ver con fórmulas de apaciguamiento hacia los yihadistas, sino con intervenciones pensadas para contrarrestar procesos de socialización en el odio y de reclutamiento terrorista, como los observados en España entre minorías árabes o centroasiáticas en cuyo seno advierten los emprendedores del yihadismo global un cierto potencial de movilización. Algo, en suma, de indudable importancia cuando los ideólogos de Al Qaeda, hace pocos días el propio Ayman al Zawahiri, insisten en que los seguidores del islam son sistemáticamente ofendidos y discriminados en países occidentales como el nuestro por el hecho de serlo. Así intentan hacer de la propaganda yihadista un marco de referencia para musulmanes quizá agraviados, frustrados o alienados, y convertir a unos pocos de entre ellos en terroristas.

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política y asesor del ministro del Interior para la lucha antiterrorista.