Los controladores de parquímetros denuncian agresiones y piden soluciones al Consistorio

Ayer fue jornada de protesta contra las agresiones que sufren los controladores de parquímetros de conductores molestos por las multas que les imponen. CC OO calculó que secundaron la huelga, a la que estaban convocados en la mañana de ayer, la "práctica totalidad" de los trabajadores que operan en las zonas donde ya funcionaba el estacionamiento regulado antes del 1 de marzo. Además, unos 250 vigilantes se concentraron en la plaza de la Villa para pedir el fin de las agresiones y ayuda del Ayuntamiento. Exigieron a las empresas adjudicatarias más personal en las rutas conflictivas.

Un mar de chaquetas azules y amarillas y banderas rojas con los emblemas de los sindicatos CC OO y UGT se adueñó ayer por la mañana de la plaza donde se alza el Ayuntamiento de Madrid. "Una persona a la que informé de que tenía mal aparcado el coche me tiró al suelo y empezó a darme patadas. Todo por tres euros", relataba María. "Y no es nada excepcional; todas las semanas le pasa algo parecido a alguno de nosotros", agrega.

Entre pitidos incesantes, los trabajadores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) reclamaron al Ayuntamiento que la Policía Municipal refuerce su protección. También pidieron que la policía acuda con la misma rapidez que cuando los bomberos o los sanitarios del Samur están en situaciones de riesgo. "Queremos el nivel de prioridad absoluta", exigía el portavoz de CC OO, Manuel Fernández Albano, que estimó el número de concentrados en 400 o 500.

Aseguró que "casi el 100%" de los trabajadores que operan en la zona de la almendra central de la ciudad -donde ya había parquímetros antes de la última ampliación- secundaron el paro desde las diez de la mañana a la una de la tarde. No así en los nuevos barrios, donde la incidencia fue "prácticamente nula".

Tres reivindicaciones

Rosa Palomar, representante de la Federación de Transportes de UGT, sindicato mayoritario en el sector, reclamó tres medidas a las seis empresas adjudicatarias: aparatos transmisores, mayor implicación en los juicios por agresiones y refuerzos en las zonas más conflictivas. "Necesitamos walkie-talkies para contactar más rápidamente cuando vayamos a sufrir una agresión; queremos que las empresas se personen como acusación particular en los juicios; y que las rutas peligrosas las puedan hacer dos trabajadores juntos", añadió.

"Si no es posible que las adjudicatarias se personen en los juicios, al menos sí que se nos dé una mayor cobertura legal, que se impliquen más en la defensa de los trabajadores", matizaba Fernández Albano. "Y que por lo menos haya siempre un trabajador por ruta, cosa que ahora no siempre se cumple", añadió.

"No somos recaudadores, sino que trabajamos por la movilidad de la ciudad", decía una manifestante que relató, además, un sinfín de desgracias sufridas por sus compañeras. Con un porcentaje superior al 60% de mujeres en plantilla, son ellas las que se llevan la peor parte a la hora de lidiar con la ira de los conductores. Eva contó que en febrero del año pasado sancionó a una furgoneta y dos días más tarde pagó caro por cumplir con su "deber". "El dueño me buscó y me encontró cuando estaba trabajando. Después de amenazarme y escupirme, un grupo de personas me acorraló en una acera, allí me tiraron de los pelos, me retorcieron la muñeca y me dieron golpes. Estaba embarazada de cuatro meses y poco después perdí al bebé. Los médicos certificaron que la muerte del feto se produjo en los días de la agresión", contó emocionada. "Aunque había mucha gente viendo la escena, nadie hizo nada", añadió.

Fernández Albano aseguró que de las 144 agresiones contabilizadas entre junio de 2004 y julio de 2005 -"hablo sólo de las agresiones físicas, las verbales ya no las contamos"-, las empresas sólo reconocen siete. El portavoz de Movilidad de Izquierda Unida, Julio Misiego, exigió al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que ejerza "la misma firmeza que muestra para desatender las demandas de los vecinos" con las empresas concesionarias para que garanticen su seguridad.

Misiego abogó por que el uniforme de estos trabajadores lleve el escudo municipal como medida disuasoria para las agresiones. Los sindicatos han convocado un paro de 24 horas para el próximo 17 de marzo.