Evo Morales se desentiende del 'caso Repsol' y dice que está en manos de los tribunales

El presidente boliviano, Evo Morales, declaró ayer en Santiago que las acusaciones por contrabando contra la empresa española Repsol y la orden de captura contra sus directivos en Bolivia "están en manos de los tribunales" y que éstos decidirán el curso que toman las investigaciones. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, calificó la decisión judicial de "inaceptable" y aseguró que "tampoco hace un favor" al nuevo Gobierno boliviano. El secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, podría reunirse con Morales en Chile.

Ayer seguía vigente la orden de búsqueda del español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, emitidas por la fiscalía de Santa Cruz el pasado jueves. Ese mismo día, la sede de Repsol en Bolivia fue registrada durante varias horas.

Mientras Repsol reiteraba la inocencia de sus directivos, acusados de contrabando de petróleo, el responsable de la compañía para Argentina Bolivia y Brasil, Enrique Locutura, llegaba ayer a Santiago de Chile para entrevistarse con el presidente boliviano. La búsqueda de los dos ejecutivos se contradice con las promesas de apaciguar el conflicto, realizadas hace una semana por Morales al presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Una fuente de la petrolera aseguró ayer a este periódico que tanto Gavito como Sánchez se encuentran "en paradero desconocido para la propia empresa". La misma fuente se preguntó cuándo fue firmada la orden por el juez Zenón Rodríguez, ya que en la noche del miércoles el magistrado se inhibió de la causa -hasta entonces en el ámbito penal- pasándola a la jurisdicción civil. El jueves a las ocho y media de la mañana, es decir en cuanto abrieron los juzgados de Santa Cruz, la defensa lo recusó, lo que deja sin efecto tanto su actuación como las que puedan realizar los fiscales. En cualquier caso, la compañía informó de la presentación ayer por la mañana de un recurso de habeas corpus a favor de los acusados, cuya finalidad es anular la orden de captura.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, manifestó ayer su preocupación por el incidente. "No podemos aceptar que la imagen de una compañía española se vea afectada por este tipo de actitudes y creemos que tampoco hacen un favor al nuevo gobierno boliviano", porque el mensaje que lanza en relación con la inversión exterior "no es el mejor", declaró ayer en Salzburgo, según informa Europa Press. El ministro español aseguró respetar, pero no compartir la decisión de la justicia boliviana. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, podría entrevistarse con Morales con motivo de la toma de posesión de la nueva presidenta chilena, Michelle Bachelet.

Voluntad de diálogo

En un comunicado, la compañía reiteró ayer su voluntad de que sus actividades en Bolivia, donde controla más del 26% de las reservas de gas, vuelvan a la normalidad y recordó el "diálogo sincero" y el "clima de entendimiento" que había presidido la reunión en La Paz entre Brufau y Morales hace una semana. Una reunión en la que el mandatario confesó su desconocimiento previo de la orden de busca y captura emitida pocos días antes contra Gavito y Sánchez, y que fue anulada poco antes de la llegada del presidente de Repsol a Bolivia. Fuentes bolivianas aseguraron que el entorno de Morales se dirigió a la presidencia de Repsol pidiendo que Brufau no anulase la visita y dieron garantías de que la situación se iba a normalizar. El mandatario prometió tratar de rebajar la tensión, aunque recordó que la justicia boliviana es independiente del poder judicial.

Un portavoz del a fiscalía boliviana aseguró ayer que los acusados no serán detenidos ni encarcelados en el caso de que se presenten voluntariamente a declarar y recalcó que se trata de un trámite informativo. Gavito y Sánchez estaban citados a declarar por el presunto contrabando de 230.000 barriles de petróleo efectuado entre 2004 y 2005.

Repsol mantiene la tesis de que se trata de un problema administrativo y niega que existiera una trama organizada de contrabando de crudo a Chile y Argentina. Los directivos debían haberse presentado a las ocho de la mañana en la sede del Organismo de Aduanas en Santa Cruz, entidad dependiente del Estado que realizó la denuncia contra Repsol. Sin embargo, no comparecieron, dada la recusación efectuada por Repsol contra el magistrado que lleva el caso. Tres horas y media después, nueve vehículos policiales, acompañados de numerosos medios de comunicación, llegaban hasta la sede de Andina.