El 56% de los ayuntamientos cuenta con planes de accesibilidad

El 56% de los ayuntamientos vascos cuenta ya con planes de accesibilidad para facilitar la movilidad a los discapacitados tanto en el entorno urbano como en sus viviendas. Esos municipios agrupan al 86% de la población de la comunidad autónoma. Sin embargo, esta proliferación de planes en los últimos años no corre pareja a la eliminación de las barreras arquitectónicas, a pesar de que en el último quinquenio se han destinado a ese fin 15,5 millones de euros en ayudas públicas.

El Parlamento vasco aprobó en 1997 la Ley de Accesibilidad, una norma que obliga a todos los ayuntamientos a disponer de planes en este aspecto. "La norma está hecha, pero no aplicada; lo que reclamamos es que se cumpla la ley", reclama Juan Carlos Sola, director de la Federación coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya (Fekoor).

En un intento de mejorar la situación, el Departamento de Vivienda, que promovió la norma, ha ampliado en los últimos años la ayuda económica a ayuntamientos e instituciones privadas de utilidad pública y sin ánimo de lucro para que vayan haciendo los planes y ejecutándolos. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, aseguró ayer que este tipo de ayudas económicas y una serie de disposiciones normativas serán uno de los ejes del futuro plan director de Vivienda previsto para el periodo 2006-2009.

Al mismo tiempo, Madrazo realizó un balance del programa de ayudas aplicado durante el periodo 2001-2006. Durante este tiempo, las subvenciones ascendieron a 15,5 millones de euros (1,7 para planes de accesibilidad y 13,7 para obras). Un total de 104 ayuntamientos se han beneficiado de las ayudas para elaborar planes.

Cambios normativos

Además de las ayudas económicas, el departamento ha realizado una serie de cambios normativos que ya han entrado en vigor en los últimos sorteos de pisos. Entre estos, figura en primer lugar la ampliación entre el colectivo de discapacitados del número de aspirantes a viviendas de protección oficial. Para ello se ha bajado el nivel de baremación exigido para incorporarse a esos sorteos. Al reducir las exigencias en la escala de discapacidad, aumenta el número de candidatos.

El segundo cambio se refiere a la rebaja en la exigencia de los ingresos mínimos para poder participar en los sorteos, que ha pasado de 9.000 euros anuales a 3.000. En el caso de optar a pisos de alquiler no es necesario acreditar ingresos (antes se exigía un mínimo de 3.000 euros al año).

También se ha modificado el diseño de los pisos adaptados, de manera que los discapacitados ya no sólo pueden aspirar a viviendas con una superficie que ronda los 70 metros cuadrados, sino que pueden acceder a casas más grandes. "La apuesta", declaró el consejero Madrazo, "es garantizar viviendas accesibles para todos, así como conseguir que el entorno urbano sea más amable. Debe ser la sociedad la que se adapte a este colectivo y no al revés".