El Gobierno destina 2.344 millones para modernizar regadíos

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un real decreto de mejora de regadíos para ahorrar agua. El decreto, elaborado por los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, incluye 130 obras a realizar en dos años con una inversión de 2.344 millones de euros. El decreto prevé pasar 834.492 hectáreas a riego eficiente y ahorrar 1.162 hectómetros cúbicos (el equivalente al derogado trasvase del Ebro). Los ecologistas critican que el agua que se ahorre servirá para aumentar la superficie regada. El Gobierno afirma que no es previsible que las lluvias de los próximos meses mejoren la situación.

El campo pierde agua. Agricultura admite que entre un 30% y un 40% del agua que se emplea en el regadío se desperdicia. El riego a manta y las conducciones sin canalizar o con pérdidas suponen que una hectárea de maíz gaste 12.000 metros cúbicos al año mientras que con un sistema de riego puede consumir sólo 6.000. Esta situación en plena sequía se vuelve dramática, porque sólo el 37% de las 3,24 millones de hectáreas que se riegan utilizan riego por goteo. En total, la agricultura consume un 70% del agua que se utiliza en España.

El borrador de decreto destaca que el año hidrológico 2005-2006 "está manteniendo las condiciones de sequía que afectan prácticamente a más del 80% del territorio nacional". El texto destaca que la escasez ha provocado "una disminución de cerca de veinte puntos porcentuales en los recursos disponibles sobre la media de los últimos diez años" y que "es prácticamente imposible" que las lluvias de primavera palien la situación. Las lluvias de la última semana permitieron que los embalses superasen por primera vez desde julio pasado el 50% de su capacidad. Aún así, las precipitaciones de los últimos tres meses han estado por debajo de la media histórica, según los datos del ministerio.

Para racionalizar el uso de agua, el Gobierno apuesta por "la modernización de los sistemas de transporte, distribución y aplicación del agua en parcela, la elección de cultivos con variedades menos exigentes de agua".

El decreto declara 130 obras que "tendrán carácter de urgencia a efectos de tramitación administrativa, sobre todo en lo referente a la tramitación ambiental". En la lista de actuaciones hay modernizaciones de acequias, implantación de riegos por goteo, pequeños embalses y obras de conexión con las depuradoras para poder utilizar el agua reciclada para regar. La inversión de cada obra va de los 200.000 euros a los 90 millones destinados a la "modernización de la zona regable del bajo Guadalquivir".

El texto estipula que "el ahorro de agua conseguido se podrá utilizar para consolidar la superficie regable existente" y añade que "en ningún caso se podrá aumentar la delimitación de los polígonos y superficies de riego existentes".

Las principales organizaciones ecologistas, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF/Adena y SEO-Birdlife, han criticado que el ahorro no se destine a la población. "Hay superficies que están catalogadas como regables pero que en la práctica no se riegan. Con esta modernización, y con dinero público, se permite aumentar la superficie regada en un momento en que puede haber problemas de abastecimiento. Pensamos que el agua que se ahorre debería ir a abastecimiento y a caudales ambientales", explicó el responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas.

Agricultura, Medio Ambiente, las sociedades estatales de agua y la empresa pública Tragsa aportarán 2.091 de los 2.344 millones de inversión. El resto saldrá de las comunidades de regantes. El acuerdo agiliza los trámites de evaluación ambiental y deja en manos de los regantes el control de que no haya vertidos de fertilizantes que perjudiquen al medio ambiente.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) consideró que el decreto es "un acierto" y afirmó que supondrá un importante ahorro de agua. Los agricultores destacan que se agilice la tramitación ambiental porque "someter una obra a todo el proceso de evaluación ambiental conlleva un retraso de más de un año, por lo que sería prácticamente imposible terminar las obras en plazo".