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Un estudio editado por el Consejo Económico plantea pagar por acudir a la sanidad pública

CC OO acusa a Aguirre de convertir este organismo en un "altavoz del neoliberalismo"

Oriol Güell

Un informe publicado por el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid propone que los usuarios de la sanidad pública asuman parte del coste de la asistencia que reciben en la sanidad pública. El informe sostiene que así se controlaría el gasto sanitario, ya que "los pacientes, como cualquier usuario de un servicio, gastan más de lo necesario cuando no tienen que pagar nada", según su autor. CC OO critica que el CES se haya convertido en "un altavoz de las políticas neoliberales y sólo promueva iniciativas de privatización de servicios públicos".

Comisiones Obreras considera que el contenido del estudio no es criticable en sí -"puede ser un punto de vista más en un debate"-, pero rechaza la gestión del presidente del CES, Francisco Cabrillo Rodríguez. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo dependiente del Gobierno regional en sus políticas.

"En los últimos meses, todas las iniciativas del CES han ido en el mismo sentido: promover las políticas más neoliberales que defiende la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que ha convertido este organismo en un altavoz de su causa", afirma Jaime Cedrún, consejero del CES por CC OO.

Este sindicato y UGT critican que los dos estudios publicados por el CES en una nueva revista "sólo versen sobre las privatizaciones y el pago por parte de los ciudadanos de los servicios públicos". "¿No debe el CES promover el debate? ¿Dónde están los estudios favorables a la extensión de los servicios públicos?", se preguntan.

Aún más críticos se muestran los sindicatos con unas jornadas celebradas por el CES la pasada semana. Vicente Villoria, consejero por UGT, no entiende que "el presidente del CES decidiera, de forma unilateral y sin contar con los sindicatos, celebrar un encuentro destinado a valorar las oportunidades que ofrecen para el sector privado los procesos de privatización". "Esta instrumentalización del CES resulta intolerable", concluye Villoria.

Un portavoz de este organismo replica que "estas actuaciones van encaminadas a fomentar el debate sobre cuestiones candentes que afectan a la gestión pública y a los servicios a los ciudadanos".

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"Las jornadas y los estudios son una forma de conocer y escuchar las opiniones de expertos que analizan quién y de qué forma puede prestar y financiar mejor los servicios públicos", añade este portavoz. El CES, en cualquier caso, niega "manifestar opiniones en estos estudios o jornadas, sino promover el debate".

Ex asesor de Aznar

El estudio que propone el pago por los ciudadanos de parte del coste de la asistencia que reciben en la sanidad pública tiene el título de Ganar en responsabilidad sanitaria. Su autor es Pablo Vázquez Vega, profesor de Economía en la Universidad Complutense y asesor del ex presidente del Gobierno del PP, José María Aznar. Vázquez también fue subsecretario del Ministerio de Sanidad en el último Gobierno de Aznar.

Vázquez considera que "hay que cambiar las reglas del juego" en la prestación de los servicios públicos, según explicó ayer a EL PAÍS. "Decir que la sanidad necesita más recursos es mirar el problema sólo en el corto plazo. Hay que ver cómo pueden gastarse estos recursos con mayor equidad y eficiencia", añade.

Vázquez defiende la extensión del copago, es decir, el pago compartido de los servicios entre el ciudadano y los Gobiernos. "El copago, de hecho, ya existe. Los trabajadores pagamos el 40% de los medicamentos y quien necesita una silla de ruedas o una prótesis también participa en su financiación", relata. "Lo que debemos preguntarnos es si es lógico que un jubilado con 65 años y un gran patrimonio no pague nada por sus medicinas y, en cambio, un empleado que cobra 800 euros y tiene 63 años deba asumir el 40% de las medicinas que realmente necesita", se pregunta.

"En el fondo", continúa, "el debate debe conducirnos hacia una mayor responsabilidad de los ciudadanos en los servicios públicos que reciben. Y el copago es una buena herramienta para ello, porque está demostrado que un servicio gratuito es usado más de lo necesario por quien lo recibe si no tiene que pagar nada por él", explica.

Demanda infinita

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, expresó esta misma idea en una entrevista en diciembre de 2003, poco después de jurar el cargo. Preguntada sobre la necesidad de control del gasto sanitario, Aguirre afirmó: "Mi teoría de [que] a coste cero, demanda infinita es cierta. Y habrá que poner algún paliativo".

El estudio de Vázquez también compara los ejemplos de copago que existen en otros países europeos, como el Reino Unido o Suecia. "En estos países, el copago está muy extendido y se ha demostrado como una buena herramienta para controlar el aumento del gasto sanitario", sostiene el autor.

En cualquier caso, el dinero que debe pagar el ciudadano sólo cubre una pequeña parte del coste real. "El objetivo no es financiar el servicio con este dinero, ya que los costes de gestión y recaudación son altos. El objetivo es que ejerza de freno al uso excesivo de los servicios", concluye.

Esperanza Aguirre conversa con el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en la Asamblea de Madrid.
Esperanza Aguirre conversa con el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en la Asamblea de Madrid.G. LEJARCEGI

La tarjeta de crédito de los políticos

El estudio de Pablo Vázquez Vega publicado por el CES también analiza la nueva fórmula utilizada por el Gobierno regional de financiar la construcción de los nuevos hospitales de Madrid.

Esta fórmula prevé que empresas privadas edifiquen y gestionen los nuevos centros -salvo el personal sanitario, que seguirá siendo público y dependiente de la Consejería de Sanidad- y, a cambio, el Gobierno regional les pague un alquiler o canon anual durante los próximos 30 años.

"Este modelo no es bueno ni malo por sí mismo. Es una herramienta de gestión y, como tal, tiene sus aspectos positivos y sus riesgos", explica.

Entre los aspectos positivos destaca que es la empresa privada la que asume "los riesgos derivados de la construcción de un gran hospital, ya que si las obras se retrasan o encarecen, será la empresa, y no el Gobierno, quien asuma el sobrecoste". "El Gobierno paga un alquiler por recibir un servicio y, como cliente exigente, pagará sólo si el servicio está bien prestado", añade.

Entre los riesgos del nuevo sistema, el autor del estudio pone un ejemplo: "Es como si el sector público hubiera descubierto la tarjeta de crédito. Disfrutan hoy de un servicio que luego deberán pagar durante muchos años. Pero además, el sistema de alquiler tiene otra ventaja para los políticos, y es que los pagos pendientes no cuentan como deuda, aunque sí están obligados por contrato a hacerles frente en el futuro", comenta.

Vázquez no oculta el riesgo que esto puede tener para los políticos del futuro, que pueden verse hipotecados por las políticas de los actuales.

El estudio lo resume con las siguientes palabras: "El político [actual] construye el hospital y se lleva los votos, y el político del futuro lo empieza a pagar (aumentando los impuestos) y soporta los costes".

Este sistema de gestión, alerta el estudio, "puede dar una imagen engañosa del estado de las finanzas de una determinada comunidad en el Estado".

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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