La Junta iguala en una ley los derechos de los emigrantes y de los residentes en Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de ley del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, que recoge por primera vez los derechos de este colectivo en igualdad de condiciones con los residentes y facilita su retorno. Actualmente hay 1.700.000 andaluces repartidos por el resto de España y 138.000 en el extranjero, principalmente en Francia, Argentina y Alemania. La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, destacó, que, por ejemplo, los andaluces en el exterior optarán en idénticas condiciones que cualquier residente a una vivienda pública.

Evangelina Naranjo explicó en conferencia de prensa que el texto aprobado ayer en el Consejo de Gobierno sustituye a la ley de 1986, y es un compromiso electoral del PSOE y del discurso de investidura del presidente de la Junta, Manuel Chaves. También figura como medida número 94 del catálogo de recomendaciones del proyecto de la Segunda Modernización de Andalucía. En su gestación han participado los representantes de las organizaciones de retornados y de las 357 asociaciones que funcionan en 19 países y toda España.

Según la consejera, con esta norma a los andaluces en el exterior se les reconoce los mismos derechos que tienen los residentes: políticos, sociales y laborales. La diferencia con la norma vigente, subrayó la consejera, es que en la actualidad se contemplan estos derechos de manera colectiva (a las asociaciones) y en la futura ley se hará con un prisma individual.

Regula las relaciones de la Junta con el Estado y otras comunidades autónomas. El paquete de medidas previstas se desarrollará a través del Plan Integral de los Andaluces en el Mundo, que durará cuatro años.

Naranjo dijo que uno de los principales objetivos es facilitar el retorno de los que se fueron y sus descendientes por motivos económicos o políticos (en la última década han regresado casi 47.000). En este contexto, se promoverá el acceso de viviendas de promoción pública en las mismas condiciones que los residentes, para lo que se elimina el requisito de haber vivido una serie de años en el municipio donde se solicite la casa. Es más, la condición de retornado será baremada como un mérito del solicitante. Igualmente, la Junta estudia reservar viviendas para este colectivo. Respecto a la educación, sanidad y asistencia social, también se anulan las trabas (homologación de títulos educativos y universitarios), con atención especial a los escolares para su integración.

Los investigadores cuentan con un programa específico, lo mismo que el traslado de las empresas creadas por los emigrantes. El proyecto establece el concepto de andaluz en el mundo, figura que engloba tanto a los andaluces en el exterior (personas de nacionalidad española que viven en el extranjero) como a los oriundos de Andalucía (nacidos en la comunidad pero no empadronados por residir en otro punto de España o carecer de nacionalidad). Incluye en esta definición a los descendientes de ambos colectivos, los retornados y las personas especialmente vinculadas a Andalucía. Los andaluces en el exterior pueden ser electores y elegibles, así como presentar iniciativas legislativas populares, siempre que cumplan los requisitos que establece la Ley Electoral y estén inscritos en el CERA (Censo de Españoles Residentes en el Exterior). Igualmente, pueden registrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los mayores tendrán una atención especial, con ayudas para los que se encuentren en situación de necesidad.

El proyecto otorga a las comunidades andaluzas en papel de interlocutor válido con la Administración. Al Consejo de Comunidades Andaluzas se incorporan representantes de las universidades, los retornados y los ayuntamientos.