Una orden de tráfico abre un conflicto entre el Ayuntamiento de Granada y los minusválidos

Las cámaras que controlan el acceso de vehículos particulares al centro de Granada no siempre aciertan. Así como muchos conductores se arriesgan a pasar por las vías restringidas con la esperanza de que un error en el sistema evite la multa, una asociación de minusválidos de la capital ha llevado al Ayuntamiento a la Fiscalía por multarles reiteradamente a pesar de que la ordenanza municipal especifica que los vehículos de los discapacitados están excluidos de la restricción. Los minusválidos de esta asociación (Aspromima) acusan al gobierno de vulnerar la norma.

El acceso a las principales calles del centro de Granada está restringido al tráfico privado. Cámaras distribuidas por puntos estratégicos inmortalizan las matrículas de los vehículos que circulen por estas vías para multar a los que transgreden la norma. Pero la ordenanza municipal aprobada en mayo de 2004 para regular este acceso dedica un artículo a enumerar las excepciones a la norma. Entre otros, el transporte urbano colectivo, los vehículos de emergencias, los coches oficiales y los vehículos "en los que se desplacen personas con minusvalías que afecte a su movilidad".

Si bien el plan de tráfico de Granada es el más restrictivo de las capitales andaluzas, el equipo de gobierno de José Torres Hurtado (PP) es el único que equipara los vehículos de los minusválidos con el transporte público o de emergencias. En otras ciudades como Cádiz o Córdoba donde existen algunas vías de acceso restringido, sólo los discapacitados residentes en las mismas pueden circular por ellas.

Sin embargo, la Asociación Pro Minusválidos de Maracena (Aspromima), que cuenta con alrededor de 200 socios, se queja de que el Ayuntamiento de Granada le pone trabas para ejercer el derecho que sí les reconoce. Esta asociación llevó la semana pasa a la Fiscalía ocho multas impuestas a tres de sus miembros. Antes de dar el paso hacia los tribunales, los multados recurrieron al Ayuntamiento, pero los recursos han sido rechazados.

De las ocho multas que han llegado a la Fiscalía, cuatro llevan el nombre de Agustín Torres, el secretario de Aspromima. Vive en la Gran Vía, uno de los ejes del plan de restricción de tráfico. Con el 65% de discapacidad, circula a menudo en coche por esta calle, una transgresión que le ha costado tres de sus cuatro multas, de 40 euros cada una. "Me rechazan los recursos porque dicen que es carril bus. Pero es que es el único carril que hay, no hay otro".

Este tramo de acceso por la Gran Vía en dirección a la Plaza de Isabel la Católica es el principal punto de discordia entre los discapacitados y el Ayuntamiento. Según fuentes municipales, los minusválidos pueden circular por todas las calles, "pero no por el carril bus". Según el secretario de Aspromima, la ordenanza municipal no advierte esta excepción y equipara a los discapacitados con los vehículos oficiales o los servicios públicos. "El carril bus es el único carril que hay en esa dirección y los coches oficiales o de Correos pasan por ahí. ¿Por qué nos multan a nosotros?".

Desde el Ayuntamiento achacan a "errores" las multas que les llegan a los minusválidos, a excepción de este tramo de la Gran Vía que el gobierno insiste en situar al margen de las exenciones. El secretario de Aspromima asegura que, además de los ocho casos que han llegado a la Fiscalía, los socios han recurrido alrededor de medio centenar de multas. "Muchos recursos los han rechazado y ya les han embargado el importe", afirma.

Un portavoz de la asociación de parapléjicos de Granada asume la excepción que alega el Ayuntamiento para el tramo del carril bus, pero coincide con Torres en que las cámaras fallan "a menudo" en muchas otras zonas. "Vienen socios quejándose porque les han multado y yo he impuesto ya varios recursos", señala este portavoz. "El Ayuntamiento suele corregir el error y quitar la multa, pero se han dado casos en los que no han aceptado el recurso", advierte.

El grupo municipal socialista llevará al próximo pleno municipal una moción para exigir al gobierno que corrija lo que consideran una "falta de previsión y mala gestión en la aplicación de la ordenanza". La moción socialista se hace eco de otra de las quejas de Aspromima: la mayoría de las dependencias municipales en las que se pueden recurrir las multas están en zonas restringidas al tráfico por lo que, cuando acuden a presentar el recurso vuelven a ser sancionados. "Han creado un círculo vicioso del que sólo se sale pagando una multa por una infracción no cometida", señala el portavoz municipal del PSOE, José María Rueda.