El fiscal investiga si hubo malversación en los sondeos encargados por Gobiernos de CiU

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ha abierto diligencias de investigación para esclarecer si fue delictiva la realización de diversas encuestas y estudios durante los Gobiernos de CiU al frente de la Generalitat. La fiscalía considera que los hechos podrían encuadrarse dentro de un delito de malversación de caudales públicos por destinar el dinero a "usos ajenos a la función pública" y con interés partidista. José María Mena ha solicitado al actual Gobierno tripartito que le remita diversa documentación para delimitar el alcance de los hechos.

La apertura de la investigación de la fiscalía se produjo la semana pasada, después de que el portavoz de Iniciativa per Catalunya en el Parlamento catalán, Joan Boada, entregase al fiscal 11 de las 33 encuestas o estudios. Se trata de trabajos realizados entre los años 1998 y 2003, "con finalidades partidistas", según Boada, y que versan sobre temas muy diversos: desde el impacto electoral del apoyo de CiU al PP en la época del Gobierno de Aznar hasta la imagen de Cataluña en la prensa, o encuestas sobre intención de voto.

Los estudios fueron entregadas el pasado 16 de enero en el registro del Centro de Estudios de Opinión, un organismo equivalente en el ámbito catalán al Centro de Investigaciones Sociológicas. Un decreto que data de 1998 obligaba al Gobierno catalán a entregar las encuestas en ese organismo, lo que no sucedió en este caso.

Según informaron fuentes judiciales a EL PAÍS, la investigación de la fiscalía se sustenta en el artículo 433 del Código Penal, que considera delito el comportamiento de "la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones". La pena prevista para estos casos es de seis a 12 meses de multa y suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de entre seis meses y tres años.

Prescripción interrumpida

Las mismas fuentes explicaron que, si la investigación de la fiscalía deriva en un proceso penal en los juzgados, las defensas podrían invocar que el delito prescribe a los tres años, aunque el Código Penal prevé una posibilidad que desbarataría esa hipótesis. Y es que, una vez iniciado el proceso judicial, las personas que pudieran resultar querelladas o denunciadas dispondrían de diez días para reintegrar a las arcas públicas el dinero supuestamente malversado. Si transcurrido ese plazo no se efectúa la devolución, la prescripción de los hechos no se produciría hasta al cabo de diez años de haber ocurrido el supuesto delito, que es el encargo de la realización de los estudios. En cualquier caso, la investigación que dirige el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, se encuentra en una fase inicial y deberá completarse en el futuro con la documentación requerida al Gobierno tripartito.

Los dirigentes de Convergència volvieron a justificar ayer la elaboración de estas encuestas y arremetieron contra los socialistas por montar "una estrategia de guerra sucia, de tierra quemado" con esta polémica para esconder la "incapacidad de gobernar" del tripartito. Oriol Pujol, secretario ejecutivo de CDC, aseguró que es una "práctica habitual de los Gobiernos, empresas y asociaciones tomar el pulso de la sociedad" con este tipo de estudios y agregó que CiU, cuando estaba en el poder, "lo hizo bien". Oriol Pujol hizo estas declaraciones en TV-3, donde participó en un debate con el presidente de la federación socialista de Barcelona, Joan Ferran, después de que éste le acusara de contradecir al anterior presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, padre de Oriol. "Su padre les ha dado una lección de política reconociendo aquello que no se hizo bien", afirmó Ferran en referencia a que Pujol admitió que alguno de estos informes "no se habrían tenido que hacer".

Pujol Ferrusola también negó, tal como le acusó Ferran, de que estas encuestas se hicieran con finalidades partidistas y para beneficiar electoralmente a la coalición nacionalista. "Ustedes hicieron un Gran Hermano para saber qué pasaba en el país, para beneficio propio", agregó el representante socialista.

En términos mucho más duros se expresó el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, quien acusó a los socialistas de "mentalidad peligrosa, destructiva y maligna".