La liberalización de la ITV

En el artículo De concesiones y corrupciones, el catedrático de Política Económica Antón Costas (EL PAÍS, 21 de febrero) establece una desafortunada relación entre la red de corrupción de contratación recientemente descubierta en Canarias, de la que al parecer forman parte funcionarios y políticos (Operación Eolo), y el cambio de sistema de gestión del servicio público de inspección técnica de vehículos (ITV) en Cataluña, por el cual, si prospera el proyecto de ley de seguridad industrial, pasaremos de un sistema de concesión administrativa a una liberalización mediante un sistema de autorización previa.

En dicho artículo se nos atribuye a los funcionarios públicos unas potestades de cometer irregularidades otorgando concesiones administrativas, unas facultades de toma de decisiones discrecionales y arbitrarias que en ningún caso nos confiere la legalidad vigente en materia de seguridad industrial y ITV. Creo necesario recordar que fuimos funcionarios públicos del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat -entre los que me cuento- los que trasladamos al grupo parlamentario de ICV las informaciones que referían las anomalías detectadas en la gestión de las concesiones de ITV y de entidades de inspección y control (EIC) responsables del control de la seguridad industrial, y las irregulares prórrogas de las concesiones llevadas a cabo por el Gobierno de CiU en plena precampaña electoral, ante la pasividad demostrada por el grupo parlamentario socialista, del que formaba parte como diputado el actual consejero de Trabajo e Industria. La misma pasividad que tuvo en el caso Turismo, que denunciamos también los denostados funcionarios. También se omiten deliberadamente algunos detalles que pondrían en crisis la supuestas bondades de liberalización del régimen de la ITV que propone el Gobierno catalán. De un régimen de concesión, mediante el que a lo largo de 20 años se han adjudicado contratas a diferentes empresas, adquiridas sucesivamente por Agbar, hasta que ésta ha acumulado la gestión del 80% de las estaciones de ITV, y mediante el cual la Administración tenía reservadas facultades de autorización de tarifas y sus incrementos, podríamos pasar a otra situación muy parecida con tres operadoras.

Mediante el nuevo régimen, una vez llevada a cabo la reversión de los bienes patrimoniales públicos (las estaciones de ITV y los bienes de equipo de la mismas) al término de las concesiones en vigor, se procederá a formar lotes con ellos, que serán adjudicados en alquiler mediante concurso público, de forma que una empresa no podrá superar el 40% de cuota de mercado al adquirirlos. El resultado podría ser igualmente oligopólico y el Gobierno tendrá facultades de autorizar unas tarifas máximas y se reservará la facultad de otorgar licencias de actividad a empresas operadoras de ITV que cumplan los requisitos de solvencia técnica y económico-financiera que determinará reglamentariamente. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué ganarán los ciudadanos con el cambio? El profesor Costas ha pasado por alto las cifras de ingresos incluidos en la memoria adjunta del proyecto de ley, que dan cuenta de que la Generalitat incrementará sus ingresos pasando de los 8,5 millones de euros que está obteniendo con el sistema de concesión a 10,8 millones con el nuevo.

Por último, hay que destacar, que el proyecto de ley comporta una dilución de responsabilidad penal, civil y administrativa en caso de accidente al no poder delimitarse con claridad la responsabilidad de la multiplicidad de operadores de seguridad industrial que intervendrán, y esto sí afecta a los trabajadores y ciudadanos de a pie y las indeminizaciones a que podrían ser acreedores. Eso no lo digo yo, sino el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña.

Joaquín Dodero es funcionario del Cuerpo General de Administraciones de la Generalitat.