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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ahora, Andalucía

El Día de Andalucía se conmemora hoy en un ambiente de normalidad política que se refleja tanto en la encuesta que publicamos en nuestras páginas como en el hecho de que los trabajos para la reforma del Estatuto de Autonomía avancen a buen ritmo en su Parlamento. El proyecto de nuevo Estatuto se aprobará a primeros de mayo, con la intención de que el Congreso de los Diputados debata su admisión a trámite en junio y pueda convocarse en febrero de 2007 el referéndum de ratificación. Las elecciones municipales del año próximo son la razón del ritmo impuesto a su tramitación. La ley obliga a respetar un plazo mínimo de 90 días entre una consulta y unas elecciones.

Para el PSOE es importante que este Estatuto se debata en el Congreso justo después del de Cataluña. Ambos marcan las coordenadas de un nuevo modelo territorial que, en el caso andaluz, persigue sobre todo que el Estado esté presente y participe en todas aquellas decisiones que afecten a la Comunidad desde una posición de lealtad institucional recíproca. La reclamación de transferencia de competencias estatales -la gestión del Guadalquivir, así como de puertos y aeropuertos de interés general-, el establecimiento de principios de financiación de la comunidad en función de su población y un potente título de derechos sociales marcan un texto que más que una reforma supone un nuevo estatuto. El texto pasa de 75 a 216 artículos.

El acuerdo sobre el calendario entre los cuatro partidos presentes en el Parlamento andaluz supone una inflexión en las resistencias del PP en todo el proceso. Desde que Chaves defendiera en junio de 2001 la reforma del Estatuto, el principal partido de la oposición y su líder, Javier Arenas, han dado tumbos a favor y en contra de la reforma, sin presentar un proyecto propio para una comunidad que aspiran gobernar tras más de un cuarto de siglo en la oposición. Al contrario, han seguido la estrategia diseñada por su dirección nacional de utilizar cualquier excusa para erosionar al Gobierno de Zapatero, como la agresiva campaña publicitaria en la que se alienta el enfrentamiento entre Andalucía y Cataluña, donde viven un millón de andaluces.

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El apoyo de PSOE e IU -que ha distinguido su oposición a Chaves del objetivo de la reforma- garantiza la mayoría de tres quintos que requiere el proyecto, aunque lo deseable sería que contara con todos. Para ello hace falta que el PP se sitúe de una vez en una posición más realista y que el Partido Andalucista supere su enésima crisis de identidad. Que ambos se abstuvieran al votar en pleno la toma en consideración del proyecto podría ser un buen augurio.

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