La propuesta se analizará en el Congreso, según el Ejecutivo
El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, manifestó ayer a este periódico que había tenido conocimiento oficiosamente del escrito de la Sala de lo Penal del Supremo y que, en su opinión, proponía una serie de "mejoras" en la casación penal "que en ningún caso suponen ni una crítica, ni un rechazo ni nada por el estilo".
López Guerra indicó que había tenido conocimiento de esas propuestas y que ahora se tendrían en cuenta para su análisis por los técnicos. El secretario de Estado de Justicia añadió que ya hay un proyecto de ley que está siendo enmendado en las Cortes, y que el mecanismo para tener en cuenta las aportaciones de los magistrados del Tribunal Supremo es, en su caso, la introducción de enmiendas por los distintos grupos parlamentarios.
"Las observaciones de los magistrados de la Sala Penal del Supremo están dirigidas a la mejora del proyecto en el trámite parlamentario, pero no suponen una crítica a la reforma de la casación sino que, a la luz de la experiencia que tienen ellos, proponen reformas de algunos puntos, que los grupos parlamentarios tendrán en cuenta según proceda", agregó López Guerra.
El secretario de Estado añadió que la Sala de lo Militar del alto tribunal también emitió un informe con propuestas de reformas alternativas que remitió, a través de la Sala de Gobierno del Supremo, al Consejo General del Poder Judicial para que éste lo enviase al Ministerio de Justicia.
Futuras enmiendas
Julio Villarrubia, portavoz del Grupo Parlamentario socialista del Congreso, indicó que en su grupo aún no tenían conocimiento del documento de la Sala Penal y explicó que del proyecto de reforma de las competencias del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades se ocupan los diputados Álvaro Cuesta, Jordi Pedré y Juan Luis Rascón, y se ha ampliado en un par de semanas el plazo de presentación de enmiendas.
Otros diputados, entre ellos el propio Villarrubia, se encargarán de los consejos territoriales autonómicos y la justicia de proximidad, cuya introducción está prevista en la misma Ley Orgánica del Poder Judicial.
El proyecto de ley que reformará el recurso de casación ante el Tribunal Supremo se aprobó el pasado 16 de diciembre después de que diversas instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo se quejaran de grandes retrasos en algunas de sus salas con la consiguiente insatisfacción de los ciudadanos que acuden al alto tribunal.
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