El derribo de la obra ilegal de Mestalla obligaría a pagar 30 millones al Valencia, según Rubio

La ejecución de la sentencia que declaró ilegales las obras de Mestalla implicaría un coste de unos 30 millones de euros del bolsillo "de todos los valencianos", que tendrían que "indemnizar" al Valencia por el derribo de una ampliación que hizo con licencia municipal, denunció ayer el portavoz socialista, Rafael Rubio. "Alguien debería tener la decencia política de dimitir", afirmó Rubio, quien calificó el fallo de "varapalo" de los tribunales al equipo de la alcaldesa, Rita Barberá. Los socialistas pidieron de nuevo que se revise el convenio con el Valencia para el nuevo estadio.

El portavoz socialista recordó que en el pleno de julio de 1998 que aprobó, con los únicos votos del PP, la modificación del plan general que permitió las obras anuladas por el Tribunal Supremo, los vecinos afectados advirtieron del "despropósito" que suponía el proyecto y la supuesta "prevaricación" en que podía incurrir el equipo de gobierno. Rubio censuró que el PP aprobara el proyecto "sabiendo que era una mala solución", y consideró "un ejercicio de cinismo y soberbia imperdonable" que el teniente de alcalde, Alfonso Grau, asegurara la semana pasada que la sentencia "se cumple sola" con la construcción de otro estadio, y limitara el coste a los 2.000 euros que pagará el Consistorio por costas procesales.

De ejecutarse el fallo judicial, posibilidad que está en manos de la Federación de Asociaciones de Vecinos y los habitantes de la zona de Mestalla, "la broma costaría no menos de 5.000 millones de pesetas", ya que el Valencia podría exigir esa indemnización por el coste de una reforma hecha con licencia. En ese punto, "deberían exigirse responsabilidades patrimoniales a quienes votaron a favor", dijo Rubio. "Esto es un Estado de derecho y lo que no puede ser es que no pase nada", añadió.

Grau replicó a los socialistas que "el Ayuntamiento acatará y ejecutará la sentencia". Sin embargo, la única vía que ha mencionado para cumplir el fallo es la construcción del nuevo estadio en la avenida de las Cortes Valencianas, con lo que no será posible una demolición de las obras ilegales de Mestalla hasta 2009. La ampliación del campo de fútbol ocupó tramos de varias calles y eliminó la de Artes Gráficas, una vía que el Consistorio pretende recuperar cuando se recalifique el solar de Mestalla.

En ese contexto, Rubio abogó por la revisión y el consenso en torno al convenio con el Valencia CF, que prevé la recalificación del suelo de Mestalla y la cesión al club de la parcela pública de Cortes Valencianas por otras sin definir para la ciudad, con el fin de evitar una situación similar, ya que los socialistas no descartan llevar el acuerdo a los tribunales.