La Junta cerró cinco geriátricos en Málaga y multó a nueve en 2005

La delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social de Málaga abrió el año pasado un total de nueve expedientes sancionadores a residencias de personas mayores y decretó el cierre de otras cinco. Éste fue el resultado de las 302 inspecciones que se llevaron a cabo en 2005, de las cuales nueve se emprendieron a raíz de que se interpusiera una denuncia, según informó ayer la Junta de Andalucía en un comunicado.

Todos los centros sancionados eran de gestión privada y no tenían suscrito ningún convenio con la Administración andaluza, según el Gobierno autónomo. Las multas establecidas oscilaron entre los 6.010 y los 126.212 euros. De los cinco geriátricos clausurados, tres lo fueron de manera cautelar y los otros dos se cerraron como resultado de la resolución de procedimientos sancionadores iniciados en 2004.

Durante el año pasado, los inspectores de la Junta visitaron los 115 geriátricos con que cuenta la provincia de Málaga, dentro del Plan Provincial de Inspección de Servicios Sociales. Para ello, se realizan entrevistas protocolizadas con personas mayores ingresadas en centros residenciales, sin la presencia de familiares ni de responsables de los centros, para comprobar la voluntariedad de su estancia, el trato dispensado por los trabajadores, así como el grado de satisfacción o disconformidad con los servicios recibidos.

El objetivo fundamental de las inspecciones es, según la Junta, "garantizar los derechos de los usuarios y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, mediante la adecuación de los centros de servicios sociales a los requisitos mínimos materiales y funcionales". Además, se pretende conocer el grado de satisfacción de los usuarios ante las instalaciones y las personas que las gestionan.

Los sectores sobre los que actúa la inspección son los de mayores, personas con discapacidad, o con enfermedad mental, colectivos con graves problemas sociales, drogodependencia y servicios sociales comunitarios.