El Estado francés conservará el control de la empresa resultante de la unión de Suez y GDF

El proyecto de fusión entre la gasista Gaz de France (GDF) y el grupo Suez, que permitirá crear un líder mundial en gas licuado con un valor en Bolsa de unos 70.000 millones de euros, se escapa del alcance del apetito comprador de sus competidores, entre ellos el italiano Enel, que se había declarado interesado por Suez. Sin embargo, el Estado francés se mantendrá en la empresa tras la fusión. "En ningún caso el Estado quedará por debajo del 34%, es decir, de la minoría de bloqueo. Es la manera de preservar los intereses estratégicos de Francia", declaró ayer el ministro de Economía, Thierry Breton.

La consigna es clara: "La independencia energética de nuestro país es un reto estratégico para Francia". La fórmula es del primer ministro Dominique de Villepin y sirve para justificar la intervención de los poderes públicos a la hora de consolidar "campeones nacionales" en el sector de la industria o de las finanzas y en un contexto de globalización.

Ayer noche se reunían los consejos de administración de las dos compañías para precisar las características de la fusión: aunque el volumen de negocio de Suez casi dobla el de GDF, será esta empresa quien absorba a Suez en un proceso que consistirá en un intercambio de acciones y que estará terminado antes de que acabe el año, reconoció un negociador a la agencia France Press. La misma fuente confirmó que el Estado mantendrá una minoría de bloqueo "ligeramente superior al 34%" y cifró en un 10% la prima que recibirá GDF en ese intercambio de acciones.

Dado que el acuerdo entre los directivos de Suez y GDF dicen que es absoluto, hay que pensar que los problemas a resolver son los derivados de la condición de empresa pública de GDF -el 80% de sus acciones sigue en manos del Estado- y el hipotético movimiento de rechazo social que sin duda generará la privatización o progresiva apertura del capital de GDF. "En ningún caso el Estado quedará por debajo del 34%, es decir, de la minoría de bloqueo. Es la manera de preservar completamente los intereses estratégicos de Francia", declaraba ayer el ministro de Economía, Thierry Breton. Dos años atrás era Nicolas Sarkozy, entonces al frente de la cartera que ahora ocupa Breton, el que decía algo parecido, sólo que entonces -primera introducción en Bolsa de títulos de GDF- la promesa era "que el Estado nunca descenderá del 70%". Es más, la Asamblea Nacional aprobó una ley en la que figura ese porcentaje. Ahora los diputados deberán dar su visto bueno al Ejecutivo que dirige Dominique de Villepin.

El intercambio de acciones ha de reducir, mecánicamente, la parte del Estado en el nuevo grupo resultante de la fusión y eso inquieta a los sindicatos. "Como se trata de empresas muy complementarias, sus sinergias no tendrán ningún impacto negativo en el plano social", declaraba Breton al Journal du Dimanche. "Antes al contrario, el proyecto creará empleo. Y se respetarán los compromisos de servicio público en Francia y Bélgica".

Los sindicatos se dicen "aterrados", "estupefactos" o "consternados" y predicen "consecuencias sociales dramáticas, así como una fulgurante alza de precios". Para ellos la privatización de GDF comportará otra aún mayor, la de la eléctrica EDF, que sigue teniendo al Estado como accionista de referencia. Jacques Mouton, el responsable del sector energético de la CFDT, un sindicato reformista, lamenta que, "aunque la operación puede ser interesante", significa que "el Estado subvenciona las empresas hasta el día en que empiezan a ganar dinero, pues entonces las privatiza y todo el dinero que ganan es para los accionistas. ¡Es aberrante!".

Entre los motivos que precipitan la fusión, el principal es la proximidad del horizonte 2007, año en que el mercado europeo de la electricidad deberá estar totalmente abierto a la libre competencia. En solitario, individualmente, Suez y GDF no habrían tardado en ser víctimas de los competidores alemanes o italianos, que disponen además de mayor liquidez que los grupos galos, muy acostumbrados a encerrarse en la seguridad de un "núcleo duro" de accionistas vinculado por un sistema de participaciones cruzadas. La liberalización ha puesto en crisis esa fórmula.