El limbo legal de Guantánamo
GUANTÁNAMO HA ENTRADO ya en su quinto año
de existencia violando todas las leyes internacionales. Es la única certeza. Todo lo demás es un agujero
negro, legal e informativo. A la espera de que
el Tribunal Supremo de Estados Unidos diga su última palabra, las "comisiones militares" que juzgan a los
detenidos se reanudaron el pasado mes de enero.
El juicio para el yemení Salim Hamdan se espera para esta primavera. Antes, en marzo, el alto tribunal comenzará a deliberar si el presidente George W. Bush tenía autoridad legal para crear tribunales especiales tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y negar a los detenidos procesos civiles o militares con las garantías correspondientes. Sólo nueve "combatientes enemigos" han sido acusados formalmente. En Guantánamo sobreviven en un limbo legal cerca de medio millar de personas. Casi todas ellas sin acceso a tribunal de ningún tipo, asistencia letrada o visitas de su familia. Muchos permanecen recluidos
las 24 horas del día en celdas mínimas, enjaulados.
Con frecuencia permanecen en régimen de aislamiento -en ocasiones durante meses- como castigo por
infringir las estrictas reglas del campo. Varios detenidos han intentado suicidarse. A otros recluidos,
la desesperación les ha llevado a emprender huelgas de hambre. Se los está manteniendo vivos -contra
su voluntad- mediante dolorosos procedimientos
de alimentación forzada.
Grupos de derechos humanos y asociaciones profesionales de abogados han denunciado de manera sistemática estos procedimientos, los problemas de acceso a asesoría legal, el uso de pruebas declaradas secretas y la posibilidad de testimonios arrancados bajo tortura. Amnistía Internacional considera que el centro de detención de Guantánamo debe "ser cerrado y abrir una investigación sobre los informes de torturas que se han producido desde que se puso en marcha en 2002". "Estados Unidos debe cerrar las instalaciones de detención en Guantánamo sin más retrasos", sentenciaba
la semana pasada Naciones Unidas. E instaba a la
Administración estadounidense a "juzgar a los detenidos en tribunales en EE UU o ponerlos en libertad".
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