El fiscal acusa de prevaricación y cohecho a un juez de Málaga

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicita cuatro años y medio de prisión y 45 de inhabilitación para el ex titular del Juzgado de Instrucción 3 de Málaga, Antonio Vicente Fernández, al que considera autor de tres delitos de prevaricación y cinco de cohecho. El fiscal acusa a Fernández de "dictar resoluciones injustas, intentar influir en compañeros para que las dictaran u ofrecerse a ambas cosas y obtener así diversas sumas de dinero".

El Consejo General del Poder Judicial apartó al juez de sus funciones en diciembre de 2004 por dejar libre a un narcotraficante. Ahora ha llegado el escrito de acusación del fiscal jefe del TSJA. Se trata de una sucesión de supuestos delitos de cohecho y prevaricación en los que Antonio Vicente Fernández, cuando era titular del Juzgado de Instrucción 3, hizo valer su condición de juez para poner en libertad a delincuentes a cambio de dinero, intentar sobornar a familiares de presos o irse sin pagar de locales de alterne.

La acusación asegura que en el momento en el que cometió los delitos, a lo largo del año 2004, el juez tenía contraídas deudas por valor de 41.800 euros. El fiscal achaca los problemas económicos a "diversas circunstancias de su vida personal", entre las que señala la "habitual ingesta de alcohol, la afición a los juegos de azar, visitas a locales de alterne y el consumo de cocaína". Para llevar a cabo la mayoría de los delitos que se le imputan, el juez se valió de la colaboración de un abogado malagueño, Francisco del Pino.

Mientras sustituía al titular de otro juzgado que estaba de vacaciones, Fernández sacó de la cárcel a un matrimonio acusado de liderar una red de tráfico de drogas y blanqueo de dinero y cuya puesta en libertad había sido rechazada en dos ocasiones por el juez titular del caso. Fernández ordenó también la devolución inmediata de los 141.545 euros que la policía había aprehendido en la casa del matrimonio. Según el fiscal, Fernández, el abogado Del Pino (que representaba a los detenidos) y los supuestos traficantes "pactaron" repartirse este dinero. En otra ocasión, el mismo abogado, "previamente concertado" con el juez, pidió a la madre de un detenido por tráfico de drogas "varios millones de pesetas".

Otros dos de los cohechos de los que el fiscal acusa al juez parten de deudas contraídas por el magistrado en locales de alterne. En uno de ellos, en Villanueva del Trabuco (Málaga), era "habitual" que Fernández se identificara como juez de instrucción. Durante sus muchas visitas al local, se ofreció al dueño para favorecerle en procedimientos judiciales que tenía pendientes. "A consecuencia de todo ello", el juez no abonó ninguna de sus "numerosas" consumiciones y llegó a deber 1.900 euros.

En otro local de alterne, para saldar 1.200 euros de consumiciones no abonadas, firmó un recibo sobre papel de oficio al que previamente arrancó el lateral donde se encuentra impreso el escudo constitucional.

También está acusado de dictar un auto para que un notario le entregara a un amigo de Del Pino los 75.000 euros que había ganado en un bingo y que habían sido retenidos por irregularidades detectadas durante el juego. El fiscal da por hecho que el ganador del bingo, el abogado y el juez se repartieron el dinero.