El fiscal del TSJA acusa de ocho delitos de prevaricación y cohecho a un juez de Málaga

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicita cuatro años y medio de prisión y 45 de inhabilitación para el ex titular del Juzgado de Instrucción 3 de Málaga, Antonio Vicente Fernández, al que considera autor de tres delitos de prevaricación y cinco de cohecho. El fiscal acusa a Fernández de "dictar resoluciones injustas, intentar influir en compañeros para que las dictaran u ofrecerse a ambas cosas y obtener así diversas sumas de dinero". El Consejo General del Poder Judicial apartó al juez de sus funciones en diciembre de 2004 por dejar libre a un narcotraficante.

El escrito de acusación del fiscal jefe del TSJA es una sucesión de supuestos delitos de cohecho y prevaricación en los que el magistrado Antonio Vicente Fernández, cuando era aún titular del Juzgado de Instrucción 3, hizo valer su condición de juez para poner en libertad a delincuentes a cambio de dinero, intentar sobornar a familiares de presos o irse sin pagar de locales de alterne.

La acusación asegura que en el momento en el que cometió los delitos, a lo largo del año 2004, el juez tenía contraídas deudas por valor de 41.800 euros. El fiscal achaca los problemas económicos a "diversas circunstancias de su vida personal", entre las que señala la "habitual ingesta de alcohol, la afición a los juegos de azar, visitas a locales de alterne y el consumo de cocaína".

Para llevar a cabo la mayoría de los delitos que se le imputan, el juez se valió de la colaboración de un abogado malagueño, Francisco del Pino, al que el fiscal acusa también de varios delitos de cohecho. Según el ministerio público, ambos se conocieron en mayo de 2004 y "movidos por un deseo de enriquecimiento ilícito, idearon y realizaron conjuntamente" las actuaciones de las que ahora se les acusa.

La primera que recoge el escrito de acusación es la que supuso que el CGPJ apartara al magistrado de su puesto en diciembre de 2004: mientras sustituía al titular de otro juzgado que estaba de vacaciones, Fernández sacó de la cárcel a un matrimonio acusado de liderar una red de tráfico de drogas y blanqueo de dinero y cuya puesta en libertad había sido rechazada en dos ocasiones por el juez titular del caso. Fernández ordenó también la devolución inmediata de los 141.545 euros que la policía había aprehendido en la casa del matrimonio. Según el fiscal, Fernández, el abogado Del Pino (que representaba a los detenidos) y los supuestos traficantes "pactaron" repartirse este dinero.

En otra ocasión, según recoge el escrito del ministerio público, el mismo abogado, "previamente concertado" con el juez, pidió a la madre de un joven detenido por tráfico de drogas "varios millones de pesetas".

Otros dos de los cohechos de los que el fiscal acusa al juez parten de deudas contraídas por el magistrado en locales de alterne. En uno de ellos, en el término municipal de Villanueva del Trabuco (Málaga), era "habitual" que Fernández se identificara como juez de instrucción. En alguna ocasión, llegó incluso a mostrar un escudo constitucional sobre fieltro similar al que reglamentariamente deben llevar las togas judiciales. Durante sus muchas visitas al local, según la acusación, el magistrado se ofreció al dueño para favorecerle en procedimientos judiciales que tenía pendientes. "A consecuencia de todo ello", según el fiscal, el juez no abonó ninguna de sus "numerosas" consumiciones y llegó a deber 1.900 euros. Intentó pagar con "una letra de cambio inservible" y, cuando el dueño del local le pidió que le pagara lo que le debía, el magistrado, según el fiscal, intentó amedrentarle con la siguiente amenaza: "Como vuelvas a llamar, te vas a acordar de mi y te vas a enterar de quién soy yo".

La acusación recoge también otros hechos muy similares ocurridos en un local de alterne de otro municipio malagueño. En esta ocasión, para saldar la deuda de 1.200 euros de consumiciones no abonadas, el acusado firmó un recibo sobre papel de oficio "al que previamente arrancó el lateral donde se encuentra impreso el escudo constitucional".

Los dos últimos delitos, uno de prevaricación y otro de cohecho, los cometió supuestamente el juez al dictar un auto para que un notario le entregara a un amigo del abogado Del Pino los 75.000 euros que había ganado en un bingo y que habían sido retenidos por supuestas irregularidades detectadas durante el juego. El fiscal da por hecho que el ganador del bingo, el abogado y el juez se repartieron el dinero.