El Gobierno recuerda a Lamela que su obligación es defender la salud

El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, recordó ayer al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, del PP, que su obligación es defender la salud de los ciudadanos, y le acusó de tratar de "boicotear" las actuaciones del Gobierno con el reglamento que desarrolla la ley antitabaco. Además, no descartó, en declaraciones a Europa Press, la posibilidad de plantear un proceso judicial si lo considera oportuno. Según Martínez Olmos, que no quiso pronunciarse sobre los contenidos concretos del borrador de dicha normativa, "el Ministerio de Sanidad estará muy atento al texto definitivo que se apruebe, y en caso necesario se plantearía un contencioso-jurídico, ya que la obligación de este departamento es defender el espíritu de la ley".

En su opinión, el consejero de Sanidad de Madrid no tiene en cuenta que la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo no es una normativa del Gobierno socialista, sino que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento. Además, criticó que se "plantee que pueda haber puntos interpretables" y consideró que "Lamela tiene una intencionalidad política".

Más tabaco

"Nos sorprende que use esta medida para tratar de conseguir que la gente fume más, y para ir en contra del espíritu de la ley", dijo Martínez Olmos, quien resaltó que, "por el contrario, se tendría que defender la normativa aprobada por el Gobierno porque pretende proteger la salud de los ciudadanos".

Por su parte, el portavoz del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), Rodrigo Córdoba, calificó de "ilegal" el decreto de las autoridades sanitarias madrileñas. El Comité, integrado por unas 40 sociedades médicas, señaló que se estudiará el decreto de la Comunidad de Madrid y debatirá entablar acciones legales contra él.

La ley del tabaco, dijo Córdoba a Efe, no ofrece "ni fisuras, ni ambigüedades, ni interpretaciones; las cafeterías y los comedores forman parte de la empresa, y ahí no se puede fumar", agregó. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid coincidió en la ilegalidad del decreto y en la posibilidad de impugnarlo.

En cambio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas por la Calidad del Ocio, Dionisio Lara, respaldó el decreto de Madrid, y auguró que el resto de las comunidades, "más allá de su signo político", van a optar por redactar normas similares a la madrileña. A juicio de Lara, el desarrollo reglamentario de Madrid "pone un punto de sensatez a la ley del Ministerio de Sanidad".