Juicio en Lleida contra cuatro personas acusadas de propagar la peste porcina en 2001
El Juzgado de lo Penal número 1 de Lleida inició ayer la vista oral en la que se han de determinar las responsabilidades penales por el brote de peste porcina clásica que se declaró en la primavera de 2001 en diferentes zonas de la provincia. La epidemia obligó a sacrificar más de 80.000 cerdos y las administraciones tuvieron que desembolsar 7,4 millones de euros para indemnizar a los granjeros afectados. Los acusados son Josep Golano Fornells y Joan Francesc Mayol Font, gerente y veterinario de Piensos Yack, de Agramunt (Urgell), y Josep Miquel Gatnau Casañé y Ramon Grau Calvet, gerente y veterinario de Piensos Gatnau, de Mollerussa (Pla d'Urgell). El fiscal les acusa de propagar de forma intencionada la peste porcina en 2001, en concreto de un delito de daños doloso y, alternativamente, de un delito de daños por imprudencia grave, y solicita para cada uno de los cuatro encausados la pena de un año y medio de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación profesional y una multa de 144.000 euros.
También se les reclama una indemnización de 7,4 millones de euros, cantidad que subsidiariamente pagarán las empresas respectivas en caso de que el tribunal les declare culpables.
Aplazamiento
El juicio debería haberse celebrado en mayo, pero fue suspendido porque el juez instructor se olvidó de fijar la responsabilidad civil subsidiaria de las dos empresas ganaderas acusadas, Piensos Gatnau y Piensos Yak. Si este error no hubiera sido subsanado, el caso hubiera quedado impune económicamente.
El fiscal basa su acusación de intencionalidad en el hecho de que los cuatro encausados ocultaron que en sus granjas había animales que se sospechaba que padecían la enfermedad y los responsables no lo pusieron en conocimiento de las autoridades sanitarias como era su obligación, puesto que la peste porcina es una epidemia de declaración obligatoria.
Tanto los empresarios como los veterinarios imputados negaron ayer todas las acusaciones y, a preguntas del fiscal, defendieron su actuación durante las semanas que precedieron a la declaración oficial de la peste, el 15 de junio de 2001, aunque reconocieron que en esa época se registró una elevada mortandad de animales en muchas granjas y que los síntomas que presentaban no se correspondían con los que son propios de la peste. "Lo comunicamos al Departamento de Agricultura cuando tuvimos la primera sospecha", señaló ayer Gatnau.
Francesc Sapena, abogado de Piensos Gatnau, considera exagerada la acusación de daños intencionados, sobre todo teniendo en cuenta que los ganaderos son los principales interesados en no ocultar la enfermedad por el simple hecho de que la Administración indemniza por los animales que son sacrificados y no por los que mueren en las explotaciones.
