La Generalitat subcontrata la gestión de obras para evitar desviaciones de costes y plazos

La fórmula de los derechos de superficie para financiar infraestructuras ha supuesto nuevas externalizaciones. El Gobierno catalán ha empezado a subcontratar a empresas privadas de dirección integral de obras para evitar desviaciones presupuestarias y de plazos de entrega. Este sistema de subcontratación, novedoso en España, se aplica para la construcción de infraestructuras de Justicia e Interior, que serán financiadas por una empresa y cedidas a la Generalitat a cambio de un canon. Estas firmas también fijan el mantenimiento que requiere la explotación de estos equipamientos.

Las empresas de project management o dirección integral de proyectos han trabajado hasta ahora sobre todo para el sector privado. Es muy común que estén presentes en grandes proyectos (por ejemplo, la Torre Agbar), centros comerciales, hoteles y, en algunos casos, promociones residenciales. A pesar de que es muy común que en los países anglosajones sean subcontratadas por las administraciones, en España están despegando ahora. Dos circunstancias lo han propiciado. El Plan de Infraestructuras del Gobierno central 2005-2020 fijó como objetivo que las empresas aporten al menos el 20% de la inversión prevista.

En Cataluña, se ha materializado con el sistema de derechos de superficie: una empresa privada financia, por ejemplo, la construcción de una comisaría, la cede a la Generalitat en régimen de alquiler y la Administración paga un canon por su uso. Esto se dará sobre todo para obras de Justicia e Interior: cárceles, juzgados y comisarías. "Nuestra función es organizar y controlar para que se cumplan el coste y los plazos comprometidos", asegura el director de la división de la empresa Gerens Management Group en Barcelona, Carlos Grau.

La Generalitat traspasa a una empresa la responsabilidad de evitar dos de los riesgos de la obra pública, que en ocasiones han llegado a desviaciones cuantiosas. Es el caso de la ampliación del Prado, que costará 113 millones de euros frente a los 42 millones previstos inicialmente. En medios del sector de la construcción se calcula que la desviación presupuestaria máxima con este sistema es del 5%.

La empresa pública GISA, presidida por Pilar de Torres, adjudicó a Gerens la dirección integrada de las obras de las comisarías de los Mossos d'Esquadra en Sant Andreu y Horta. La misma empresa dirige tres promociones de viviendas de Regesa en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat.

Fuentes de la empresa pública GISA explicaron que, por una parte, se encarga la asistencia técnica de los proyectos. "Por ejemplo, la empresa que se haga cargo del mantenimiento de una cárcel deberá saber que en duodécimo año de explotación deberá cambiar la calefacción", aseguraron. La segunda función es realizar un trabajo de "ingeniería del producto, no del proyecto". "GISA es una constructora y no tiene capacidad de actuación en algunos ámbitos. No es posible realizar todo un proyecto financiero", explicó una portavoz de esta empresa, que tiene abiertas cinco licitaciones para las direcciones integradas de equipamientos de Justicia e Interior. Hasta ahora, la presencia de estas empresas había sido ocasional.

Grau considera que la contratación de empresas de dirección integral de obras supone un "sobrecoste" para la Administración, pero "amortizable". "Es difícil que nos contraten para proyectos pequeños. Y en los grandes, el impacto de nuestra presencia es muy reducido", explica. En el resto de España, también usan este sistema la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, la sociedad que se encarga de la Expo de Zaragoza y la empresa de infraestructuras sanitarias del Gobierno de Asturias.