El nuevo Estatuto andaluz encara su recta final con el acento en los avances sociales

El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la proposición de ley de la reforma del Estatuto con el apoyo de PSOE e Izquierda Unida, y la abstención del Partido Popular y los andalucistas. Pese a que los populares han garantizado el apoyo final al texto, su estrategia ha sido la de ir a la contra al estar ligada a la del Estatuto catalán, que sigue la estela de su organización nacional. El PSOE teme que el PP trate ahora de ralentizar los plazos para impedir que se apruebe en esta legislatura el Estatuto andaluz, que los socialistas definen como el que "más se identifica con su modelo" de los que están en proceso.

Si se cumplen los plazos previstos, al texto de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Andalucía le quedan tres meses de debate en el Parlamento autonómico antes de ser remitido al Congreso en junio. Además del acuerdo de los cuatro grupos parlamentarios, PSOE e IU (los dos partidos que han redactado y apoyado el borrador) quieren evitar que haya obstáculos que retrasen el proceso, de forma que el referéndum se celebre antes de las municipales de 2007 y se apruebe en esta legislatura. La idea de los socialistas es fijar la consulta el 25 de febrero, tres días antes del Día de Andalucía (28 de Febrero), que conmemora la fecha del referéndum por el que los andaluces escogieron la vía rápida para acceder al autogobierno.

"Cualquier retraso de 15 o 20 días puede significar que se adelante el texto de otra comunidad en el Congreso de los Diputados y que se aplace el andaluz al mandato próximo", dijo ayer el secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, quien teme que los populares traten de dilatar los plazos con objeciones de todo tipo. De momento, el PP ha pedido nuevas comparecencias de colectivos sociales en la Cámara autonómica.

La estrategia del PP está plagada de vaivenes: unos días se muestran colaboradores, otros obstruccionistas, y siempre enlazan sus críticas con el Estatuto de Cataluña, contra el que han desplegado una campaña publicitaria muy dura. Para el domingo han convocado una manifestación en Málaga en defensa de la Constitución y de un Estatuto de primera. Aunque el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha garantizado un sí en el referéndum, el discurso es que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, condena al agravio a los andaluces con el eje con Cataluña, aplaude que se "premie a los ricos" y tolera las desigualdades.

Los socialistas andaluces están especialmente satisfechos con el proyecto de Estatuto de Andalucía, pues dicen que es el que más se identifica con el modelo del PSOE federal porque es plenamente constitucional, "avanzado, progresista y sigue los principios de igualdad y solidaridad", señala Pizarro. Destacan sobre todo el capítulo de los deberes sociales, de nueva creación, ya que en él se elevan a rango estatutario derechos que antes eran sólo objetivos políticos.

Manuel Chaves ha puesto el acento en la necesidad de que todos los partidos se impliquen y trabajen por el acuerdo, a la vez que ha insistido en que no tiene ningún "complejo" con otra comunidad. "Andalucía elige su propio camino, diseña su propio modelo y hace el Estatuto que le conviene", señaló el jueves en el Parlamento andaluz.

En los próximos días se abre un plazo para la presentación de enmiendas. En la proposición de ley se han incluido 181 votos particulares del PP, 108 de IU y 39 del Partido Andalucista.

El texto de reforma consta de 216 artículos frente a los 75 del actual Estatuto, y pasa a tener de seis a diez títulos.

- Definición. Se mantiene la definición actual de Andalucía como nacionalidad, a la que se le añade el calificativo de histórica. IU y PA quieren que se llame nación al menos en el preámbulo. Estos partidos también quieren que se mencione de alguna forma que Andalucía es la única comunidad que ha conquistado su autonomía en las urnas, en el referéndum del 28 de febrero de 1980.

- Derechos y deberes. Es de nueva creación. Establece que los titulares de estos derechos y deberes son las personas que tienen vecindad en Andalucía. Entre otros principios, se declara el derecho a morir dignamente, el acceso a las prestaciones sanitarias, la escuela laica, una renta básica y el acceso a una vivienda pública. También reconoce el derecho a que se respete la orientación sexual de las personas y dice que los poderes públicos impulsarán políticas para favorecer su ejercicio.

- Competencias. Se clasifican en varias tipologías: exclusivas, compartidas y ejecutivas. Incluye la competencia del Guadalquivir, la potestad de transferir materias a los ayuntamientos y la participación en la fijación de los contingentes de emigrantes. La comunidad tendrá competencias exclusivas en la regulación de las cajas de ahorro, la convocatoria de consultas, y participará en la designación de los miembros de órganos estatales como, entre otros, el Banco de España. En una disposición adicional, se establece la delegación de cinco competencias estatales mediante el artículo 150.2 de la Constitución (Guadalquivir, puertos y aeropuertos, servicio meteorológico, tráfico, seguridad vial, archivos museos y bibliotecas).

- Financiación. Recoge un listado detallado de 15 tributos cedidos, contempla la creación de una Agencia Tributaria Andaluza que gestionará los tributos propios y cedidos. En cuanto a los del Estado, podrá establecerse "un consorcio de participación paritaria". La comunidad podrá participar en la planificación estatal y podrá modular y gestionar los fondos europeos que reciba. En una disposición adicional se establece que la inversión estatal será al menos equivalente al peso de la población andaluza de España.

- Relaciones externas. Este título pasa de dos a 31 artículos. Respecto al Estado, se crea una comisión bilateral, así como que la clasificación de interés general de cualquier obra, servicio o adquisición requerirá del informe previo de la comunidad. En las relaciones con la Unión Europea, Andalucía participará en los procesos de decisión de las instituciones europeas y estará presente en los Consejos de Ministros de la UE cuando aborden temas de su competencia.