Interior pone en marcha el sistema informático del DNI electrónico

El documento nacional de identidad electrónico (DNI-e), con el que se podrá hacer la compra y pagar impuestos a través de cualquier ordenador, dio ayer un nuevo paso adelante. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, presidió el acto en el que comenzó a funcionar el sistema informático de alta seguridad que permitirá a los ciudadanos efectuar transacciones electrónicas con las máximas garantías.

La primera oficina piloto de expedición del nuevo DNI se abrirá en marzo en Burgos y la implantación en todo el territorio nacional se hará gradualmente hasta 2008. Alonso indicó que el documento electrónico va a "acercar a los ciudadanos a la sociedad de la información" y a "mejorar su calidad de vida", ya que se podrán hacer decenas de trámites administrativos desde casa con plena seguridad y comprar y vender a través de Internet.

Firma electrónica

La principal novedad del nuevo carné es un chip que identifica a la persona en las operaciones telemáticas y que incorpora la firma electrónica. Para hacer cualquier compra o gestión por el ordenador, el DNI se tiene que introducir en un lector de tarjetas y hay que teclear la clave de acceso personal. Esta clave, o PIN, con un mínimo de ocho dígitos (números, letras y otros caracteres), se proporciona al ciudadano cuando se expide el DNI y puede modificarse en cualquier momento.

Una vez escrito el PIN, la persona puede ya realizar todo tipo de operaciones que exijan firma electrónica, como la declaración de la renta. En este caso, una vez aportados los datos correspondientes, la Agencia Tributaria solicitaría una aceptación final del contribuyente y emitiría un comprobante. Para garantizar la seguridad, la firma electrónica tendrá una vigencia de dos años y medio. Transcurrido este periodo, quedará automáticamente invalidada y el ciudadano tendrá que solicitar que se reactive si así lo desea.

El sistema informático del chip incorpora dos certificados. Uno es el llamado de "autentificación". Sirve exclusivamente para identificar al ciudadano y utiliza una clave pública (que puede ser conocida por todos). El otro es el certificado de la firma electrónica. Es el que incorpora la información necesaria para, entre otras cosas, poder efectuar pagos a través de Internet, y tiene una clave privada.

La creación de los nuevos documentos costará cerca de 314 millones de euros, de los que más de 50 se han invertido en la seguridad del sistema.