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Tribuna:EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO FISCAL

De héroes y piratas

El autor critica, a propósito del ataque a la Fiscalía General del Estado por parte de una asociación, el comportamiento de algunos sectores conservadores del colectivo de fiscales.

Resulta meridianamente claro para cualquier actor de la vida pública, en cualquiera de sus facetas, que el silencio -o peor, la complacencia- se convierte, en determinadas circunstancias, en cómplice de actitudes ajenas que pueden acabar por deslegitimarnos a todos, degradando y diluyendo de ese modo la calidad esencial de las reglas básicas del juego democrático. Aunque acaso ése y no otro sea el fin pretendido por algunos: crear el caos, aplicar una política de tierra quemada incendiando hasta límites insoportables el normal funcionamiento de las instituciones para conseguir algún rédito, por insignificante e incluso ridículo que pueda ser, en el corto o medio plazo: siempre les cabe la esperanza de que un cambio de signo en el poder político les recompense de tanto sacrificio aún a costa de convertir el patio de juego en un barrizal impracticable.

La Asociación de Fiscales usó el 'caso Fungairiño' como una estrategia de acoso y derribo

Es en ese contexto, y no en ningún otro, en el que debe enmarcarse la posición adoptada el pasado martes día siete de febrero por la Asociación de Fiscales en la reunión del Consejo Fiscal, asociación de carácter conservador conforme a las etiquetas periodísticas de uso común (el nombre, aclaro para los no iniciados, es equívoco y proviene de aquellos tiempos en donde sólo existía una asociación de fiscales: afortunadamente y desde hace 20 años el pluralismo hizo confluir otras siglas). En el seno del Consejo Fiscal, dicha asociación solicitó, por primera vez en dicho órgano desde que tenemos memoria de ello, la dimisión de un Fiscal General del Estado, pretextando su actuación en el caso Fungairiño, dimitido de su puesto hace pocas fechas. No sorprende la petición de dimisión, articulada ya por dicha asociación desde la tan sonada renuncia, asumiendo por cierto la defensa exacerbada del ya ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, con un empeño digno de mejor causa, y con olvido de sus propios posicionamientos expresados en los últimos años tanto respecto de este mismo caso en particular como respecto de otros, en los que convirtió su silencio y hasta su apoyo explícito en arietes imprescindibles para la voladura de significados fiscales jefes, cuya no idoneidad para los puestos a cuya renovación optaban dieron por tan supuesta que aún hoy desconocemos las razones, pese a haber emplazado reiteradamente a sus portavoces a explicarlo.

No sorprende pues un posicionamiento asociativo postulando la dimisión o cese del fiscal general del Estado -posicionamientos que todos hemos efectuado en los últimos años-; lo que causa perplejidad es el momento y la forma elegidos: ¡en un órgano consultivo! Y no sólo eso, sino la finalidad, los intereses, la sospechosa coincidencia -sin duda puramente aleatoria, claro- con la conocidísima estrategia de alguno de los partidos políticos de nuestro país.

Alguna vez habrá que decirlo alto y claro: la Asociación de Fiscales compareció el martes en el Consejo Fiscal utilizando el caso Fungairiño como mero banderín de enganche para practicar una estrategia de acoso y derribo que excede de lo meramente asociativo. Ni siquiera les cabe la disculpa de una defensa corporativa del antiguo fiscal jefe, a quien ahora sorprendentemente tratan de mitificar en el contexto de una crítica generalizada a la política de nombramientos -respecto de la cual, todos, por cierto, alguna vez hemos discrepado- porque dicha disculpa no es creíble... y porque también hicieron uso de cuestiones con menos trascendencia para la opinión pública, como los borradores que regulan los traslados asociados a los ascensos de categorías de los fiscales, con ese mismo fin, habiéndose asegurado antes de alarmar lo suficiente a un amplio número de fiscales como para garantizarse que gozarían luego de la suficiente atención escénica y mediática. Se trata de quemar el patio, como dijimos, o sembrar el caos para conseguir apoderarse, por fin, del barco. Con ese mismo propósito suman sus esfuerzos profesionales y colectivos muy diversos sobre los que no nos corresponde opinar..., pero hay que decir que no todo vale.

Produce un cierto hastío tener que repetir lo más obvio: cada institución del Estado tiene un rol perfectamente asignado en la arquitectura constitucional y legal de nuestro país, y tanto la elaboración de informes no solicitados a órganos de carácter consultivos, por ejemplo, como el sobredimensionamiento del Consejo Fiscal para convertirlo en centro de la batalla política, cuestionando permanentemente el normal funcionamiento de las instituciones, acabará por perjudicarnos a todos.

Resulta obvio, por lo demás, desde una perspectiva progresista, el problema de fondo, expuesto sin rodeos en otras ocasiones por otros compañeros fiscales: algunos sectores conservadores se creen en su derecho a ostentar el monopolio del poder, bien por creer que les ha sido concedido por ley natural o sencillamente por herencia o derecho de conquista, de forma que asisten atónitos a estos ciclos en donde el poder político e institucional cambian -incluso sorpresivamente- de manos, y se rasgan las vestiduras pensando que el orden natural de las cosas ha sido subvertido. Y claro, desde esa rancia posición deslegitimadora de no aceptación que los mecanismos de participación y selección propios de un sistema democrático son otros, se entiende esta llamada a rebato en donde todos pugnan por parecer más voluntariosos que los demás, incluso sin mediar previa provocación: les sale así de natural y no dejarán de clamar hasta que finalmente se haga el caos y de ese modo, hasta invocando a la Providencia si es necesario, vuelvan a ostentar el poder, reiterando un pesadísimo antecedente de al menos 500 años de historia.

Frente a ello y frente a ellos, el colectivo profesional progresista al que pertenezco debe asumir su papel de resistir este abordaje pirata a la naturaleza de las cosas, aún a riesgo -ya descontado- de ser inmediatamente descalificados por eficaces portavoces de todo tipo que tienen asegurado que... no contarán con nuestro silencio.

Miguel A. Arias Senso es vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de febrero de 2006