Respuesta a Azúa
Sostiene Félix de Azúa, en un artículo publicado en su periódico el pasado viernes, que el Estado es un fantasma cuya reforma lleva pendiente desde los Austrias. Comenta el escritor dos ejemplos de mal funcionamiento de la Administración, a través de su experiencia personal y la de un amigo. Comparto con el autor el deseo de contar con una buena Administración Pública, y confieso que coincido con él en la preocupación que producen ambos casos.
Sin embargo, como funcionario y como ministro actual de la materia, no puedo dejar de señalar también mis discrepancias. Porque, del mismo modo que la existencia de dos o algunos libros más de baja calidad no puede servir para confirmar una crisis de la literatura española, no creo sinceramente que algunos problemas que aún arrastramos, entre los que se cuentan los que señala el autor, puedan utilizarse para hacer una crítica global al estado de la Administración española.
Llevamos muchos años en los que poner en cuestión lo público se ha convertido en un tópico bastante extendido, que ha dado como resultado una escasa inversión presupuestaria y un más que discreto afán renovador de los métodos de gestión. Esta situación explica el que sigan los desconchones en el edificio de la Administración, como los que narra el señor de Azúa, o que incluso se hayan agrandado.
Señala el autor que en la Administración da la sensación de que nadie se siente responsable de nada. En solucionarlo andamos los que queremos que los ciudadanos valoren su Administración. Por eso hemos promovido la Ley de Agencias, actualmente en trámite parlamentario, que establecerá contratos de gestión y la responsabilidad ineludible de sus directivos. La futura Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios introducirá otra importante novedad, como es la evaluación continua de los resultados de la gestión pública.
Es cierto que hay áreas en las que el servicio que se presta no está a la altura de lo que merecen los ciudadanos. Pero las mejoras introducidas en las últimas décadas han permitido que también dispongamos de servicios modernos y eficaces. La Administración Tributaria o la Seguridad Social están a la vanguardia entre los países de nuestro entorno. Nuestro Sistema Nacional de Salud es equiparable al de los países más avanzados. En poco más de dos décadas, el Estado ha registrado una transformación espectacular, con la extensión y la creación de nuevos derechos y servicios, y después de un intenso proceso de descentralización. Las nuevas tecno-
logías han acelerado el ritmo de las mejoras, y los españoles pueden ya pagar sus impuestos o inscribirse en algunas oposiciones por Internet. España será uno de los primeros países en contar con el DNI electrónico, lo que sin duda será un paso decisivo para nuestra modernización.
La tecnología permite poner al ciudadano en el centro de atención de las actuaciones de la Administración, así como ofrecerle servicios de calidad las 24 horas del día, donde y como quiera recibirlos, sin colas ni esperas. En suma, podemos ponernos cada vez más a la altura de las necesidades de los usuarios y organizarnos para satisfacerlas, una utopía que cada vez está más al alcance de la mano. Para ello necesitamos fondos suficientes, impulso político, buena gestión, y también críticas que nos señalen las deficiencias y que nos ayuden a ordenar las prioridades.
Éstas son nuestras intenciones para convertir la Administración que nos ha quedado, tras los cambios y la descentralización de las últimas décadas, en la Administración que necesitamos y que exigen los ciudadanos. También la Administración que queremos, porque creemos en lo público como garantía y promoción de nuestros derechos y libertades, y por eso apreciamos que todos estemos dispuestos a colaborar, desde una postura u otra, en mejorarla. Espero que, cuando acabemos de llevar a la práctica las medidas que estamos impulsando, el señor de Azúa pueda escribir que el Estado ha dejado de ser un "fantasma".
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