Compromiso con la igualdad

"Lo que pudo ser un estigma se convirtió en un compromiso con la igualdad y contra el sexismo", dijo el presidente de la Junta de Andalucía con ocasión del reconocimiento de la Diputación de Granada al pueblo de Cullar Vega, por sus esfuerzos contra la violencia de género.

El nombre de esta localidad forma parte de la historia del tratamiento legal de la violencia sobre las mujeres en el ámbito familiar. En diciembre de 1997, tras narrar en la televisión andaluza las vejaciones y sufrimientos padecidas durante su matrimonio, una vecina de Cullar Vega fue golpeada y quemada con gasolina por el ex marido. Se conoce como el asesinato de Ana Orantes. Con la perspectiva del tiempo, dos notas del hecho determinaron el despertar de la opinión pública ante esta clase de violencia. De un lado la respuesta de "género" del despechado agresor que, aparentemente, intentaba compensar su posible deshonra pública con la demostración de su capacidad de poder sobre quien había sido su esposa. De otro lado, la preexistencia de una decisión judicial que ratificaba el acuerdo de división y reparto de la casa común sin que existiera constancia de los malos tratos padecidos por la esposa. Decisión, por lo demás, común en la actividad normal que entonces tenían los Juzgados de familia, en muchos casos desconocedores de tales situaciones.

Las asociaciones de mujeres -respaldadas por los medios de comunicación- comenzaron a exigir a los poderes públicos el cumplimiento de las Declaraciones Internacionales suscritas por el Estado español, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del año 1993 de la ONU. Afirmaban que la denuncia aumentaba el riesgo para sus vidas y las de sus hijos. Estas quejas, difundidas por prensa, radio, televisión, motivaron un estudio monográfico del Defensor del Pueblo -publicado en 1998- en el cual se declara: "Desde el punto de vista histórico esta materia no ha suscitado interés social ni jurídico, debido al papel reservado tradicionalmente para la mujer". Esto era cierto, la violencia doméstica -cuando la víctima es cualquier persona que convive en el domicilio- y la violencia de género -en cuanto que violencia ejercida sobre la mujer- a pesar de sus características específicas, no habían sido objeto de tratamiento diferenciando por las leyes. Tampoco formaban parte de las enseñanzas en las Facultades de Derecho, ni de la especialización jurídica posterior en la abogacía o en las oposiciones de acceso a la carrera judicial o fiscal.

En el año 1999 la normativa asume el carácter público y social de las violencias dentro de las familias. Se entiende que, conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, ha dejado de ser un problema privado para convertirse en público, en cuanto que los poderes públicos no pueden tolerar vulneraciones de derechos, ni siquiera dentro de las paredes del domicilio familiar. Entonces aparecen las primeras leyes dirigidas a mejorar la respuesta judicial con las órdenes de alejamiento y más tarde, en el año 2003, con la Orden de Protección, que tuvo su primer incumplimiento con resultado de muerte, otra vez en Cullar Vega. A principios del año 2004, Encarnación Rubio perdió la vida tras los reiterados embites del vehículo conducido por su ex marido, el cual había desobedecido la orden judicial de alejamiento.

En ese año 2004 y con el objetivo de "complementar" la anterior normativa con medidas no solo judiciales o penales, sino también preventivas y educacionales, el Parlamento español aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que tiene por objeto la violencia que sufren las mujeres por sus esposos o compañeros, así como sus hijos e hijas menores de edad. La ley asume el término de "violencia de género", con el cual se intenta poner el acento en la socialización y en la educación como causa estructural de la violencia sobre las mujeres, si bien las medidas de la ley se ciñen a la violencia de género en el ámbito de la pareja, por considerarlo un problema especialmente grave en el momento actual.

Ha pasado un año de vigencia de la Ley Integral y en Granada se celebrará la próxima semana el II Congreso Nacional del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, creado en septiembre de 2002 con el objetivo de realizar el seguimiento y análisis de la respuesta judicial en este problema. Desde entonces hasta ahora se han recabado datos estadísticos que permiten mejorar la investigación, se han puesto en marcha los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y ha aumentado el número de víctimas que disponen de asistencia letrada, entre otras mejoras.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos institucionales desplegados desde todas las Administraciones, las cifras de mujeres muertas por sus maridos no han disminuido. Llaman la atención dos factores que permanecen invariables en los informes anuales del Observatorio: que la mayoría de ellas no había denunciado previamente amenazas o malos tratos; y que la mayoría de ellas estaban separadas o en trámite de separación matrimonial. De estos dos factores se deduce que ha de existir una bolsa de criminalidad no desvelada a las instituciones, pues antes de la muerte suele existir amenazas, coacciones o vejaciones; de otro lado, que aún existen mujeres que pagan con su vida el ejercicio de sus derechos, entre otros el derecho a decidir si desea vivir en compañía o no.

Por ello y hasta que se consiga el objetivo final de la Ley Integral de una sociedad educada en valores de igualdad y de respecto de los derechos de las mujeres, los poderes públicos y la ciudadanía han de reforzar los mecanismos de protección y seguridad de las víctimas, al tiempo que se las anima a denunciar. Estamos ante una violencia dificil de eliminar, pero esto no nos puede desanimar; muy al contrario, debemos renovar el compromiso contra la violencia sexista, la que acabó con las vidas de Ana y Encarnación pero no logró estigmatizar a un pueblo.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y experta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.