Cuando el mentiroso grita socorro
La libertad de expresión no es suficiente para la democracia del siglo XXI. Hora es ya de reivindicar la igualdad de expresión, aunque suene a chino a los que están como pez en el agua en este trucado debate social que padecemos basado en la amenaza y el insulto, son los que lo controlan todo pero no tienen bastante. Llevamos semanas oyendo críticas apocalípticas contra la nueva ley catalana del Consejo Audiovisual. Dicen que es un peligro para la democracia, cuando, en realidad, es todo lo contrario. La ley significa cesión de poder; el gobierno cede sus competencias administrativas al organismo regulador. El Consejo pasa a ser el responsable de velar por la veracidad y el pluralismo informativo, el respeto a la dignidad de las personas, la protección de la infancia y, en general, el cumplimiento de todas las leyes que afectan al audiovisual, cosa que no debe espantar. El nuevo organismo controla, por ejemplo, que el gobierno de turno no pueda conceder las licencias de televisión digital con la arbitrariedad y favoritismo con que lo hizo el pasado 30 de diciembre el Consell que preside Francisco Camps. Ningún Consejo Audiovisual, por perverso que fuera, tendría un comportamiento tan sectario y tan poco plural.
El reproche más reiterado que se ha oído es que el Gobierno catalán pretende recortar la libertad de expresión, implantar la censura y eludir la intervención de los tribunales. Mienten. Veamos: la potestad que se da al renovado organismo regulador de, llegado el caso, retirar temporalmente la concesión a una empresa que use sus emisoras para ir contra la ley no tiene nada de antidemocrático. Las leyes vigentes ya contemplan esta posibilidad, no hay nada nuevo. Objetan alarmados que el Consejo dictaminará qué es información veraz y qué no, cuando en realidad lo único que se exige es la comprobación profesional de las noticias que se ofrecen. Actualmente el poder sancionador está en manos de los gobiernos y con la nueva ley será, por delegación, responsabilidad del grupo de expertos no partidistas que conformen el organismo regulador. No veo dónde está el retroceso democrático. En cuanto a que se prescinde de los tribunales, nada de nada. Toda decisión del Consejo Audiovisual puede ser recurrida ante la justicia. Faltaría más. Añádase que así funciona en toda Europa.
Además, lanzarse contra este organismo al grito de que la libertad de expresión está en peligro y de que podemos caer en casos de censura sería cosa de risa sino viniera de quien viene. Hablan, los que protestan, como si fueran inocentes ciudadanos de un país angelical donde todo es libertad y armonía en los medios de comunicación. La censura no puede venir, porque ya está. Ya hay abusos. Abundantes abusos. Y la mayoría los cometen los mismos que ahora se rasgan las vestiduras. Gente como Ansón o Pedro J. Ramírez que, como reconoció el primero, usaron los medios para acabar con Felipe González aunque eso pudiera poner en peligro el sistema democrático; grupos como la Federación de Asociaciones de la Prensa, presidida por Fernando González Urbaneja, que propone sus premios al dictado de los propios directivos de las televisiones privadas; periodistas como los que en tiempos del PP llevaron a RTVE a ser condenada por manipulación. Y, claro, los empresarios del sector que viven mejor en la total impunidad. Se lanza a la crítica incluso Esteban González Pons, portavoz de un gobierno que lleva una década usando Canal 9 como simple vocero y que sabe perfectamente que los silencios de nuestra televisión pública sobre el caso Fabra, los cobros de Julio Iglesias o las facturas del Ivex no son pura casualidad, ni fruto de la libertad de los profesionales. La antidemocrática reacción del gobierno valenciano a un reciente reportaje de Informe Semanal que no les gustó y el hecho de que sea un mercader de voluntades como Zaplana el que anuncie un recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley catalana ahorra más comentarios.
No, la futura ley del Consejo Audiovisual de Cataluña no amenaza la libertad de expresión, ni es anuncio de censura. Justamente se trata de una garantía de pluralismo en contra de la desinformación imperante, de la mentira a sabiendas. Mal haría el gobierno Zapatero si, impresionado por tanta bulla hipócrita, cediera en su compromiso de crear un potente Consejo a nivel estatal. Consejo que, dicho sea de paso y como alguna otra vez ya he planteado, debería tener su sede en Valencia, que falta nos hace.
Acabo por donde empecé. Son los sectores sociales más conservadores los que se oponen a que se regule adecuadamente el sector audiovisual. Siempre hacen lo mismo. No se dan cuenta de que tienen la batalla perdida. España llega tarde a los Consejos Audiovisuales. Hoy el debate sobre las garantías de democracia informativa ya está en otro lado. Está en lo que decía al comienzo: la libertad de expresión no garantiza la democracia del siglo XXI. Hoy disfrutan de verdadera libertad de expresión los poderosos, los empresarios de la comunicación, los que tienen medios potentes para hacerse oír. Estamos en régimen de monopolio. Oligopolio, en el mejor de los casos. El común de los ciudadanos, periodistas incluidos, estamos simplemente a la escucha. Por tanto, la reflexión se mueve en torno a la idea de libertad de expresión como concepto social, como igualdad de expresión, y en cómo se pueda regular constitucionalmente.
Julià Álvaro es periodista.
