La Comunidad pagará al Consistorio 1.100 euros por cada infravivienda derribada

Para financiar la operación de realojo de El Salobral, cifrada en 28 millones de euros, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid aportarán cada uno la mitad.

Según el convenio firmado el pasado 27 de diciembre, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre aportará al Consistorio "1.100 euros por cada infravivienda o chabola derribada", bien al comienzo de la operación o cuando esté liquidado el desmantelamiento. La Comunidad de Madrid ha calculado que tardará al menos dos años en finalizarlo.

En cambio, el Ayuntamiento, que preside Alberto Ruiz-Gallardón, tiene tres opciones para financiar el fin de El Salobral. Podrá aportar al Instituto Regional de Realojamiento e Integración Social (IRIS) la mitad de las viviendas necesarias para el realojo -hay 351 familias censadas, lo que supondría entregar 175 casas-. El Ejecutivo regional tendrá además la opción de dar la mitad del coste de realojo por familia, que el convenio calcula en 80.000 euros por familia realojada. Es decir, entregando la cantidad de 14 millones de euros.

Pero el Consistorio también está facultado para ceder a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio suelo "de un valor similar al del coste que le correspondería".

La entrega de esa financiación municipal "se hará efectiva en cinco anualidades, siendo la primera de ellas en enero de 2007". El resto, en el mismo mes de los siguientes cuatro años.

El convenio también contempla que la propietaria del suelo financie una parte de la operación. "Al ser los suelos donde se encuentra el poblado marginal de El Salobral de titularidad privada", y dado que su desarrollo está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, en la ejecución específica para el solar, "deberá incluir como carga urbanística la parte de realojos que deba ser financiada por la propiedad". Según el acuerdo, esto se calculará "en función del beneficio económico que suponga la puesta en carga del suelo y la materialización de los aprovechamientos lucrativos del ámbito".

El convenio deja en manos del Ayuntamiento de Madrid la competencia para hacer ese cálculo.