Respeto

El tiempo pasa y los presos de ETA van cumpliendo sus penas. No puede ser de otro modo en un país que, afortunadamente, no tiene en su Código Penal ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Todos los años -gobierne el PP o gobierne el PSOE- hay terroristas que cometieron sus crímenes en los ochenta o en los noventa que están saliendo a la calle. Son consecuencias del normal cumplimiento de las normas del Estado de derecho, que, hasta ahora, no habían sido objeto de mayor controversia. ¿Qué ha cambiado? Simplemente que concurren tres circunstancias especiales: desde el Gobierno se ha hecho anidar en la opinión pública la idea de que hay un proceso de paz en curso, del que no sabemos casi nada; al cumplirse veinte años de algunos de los más atroces crímenes de ETA pueden salir a la calle algunos de los terroristas más crueles de la banda; y el PP vive, en la oposición, en plena fase populista.

Sin duda, a nadie le resulta agradable la idea de poder cruzarse un día con algunos de los autores, por ejemplo, de la masacre de Hipercor. Y lo que es difícil de soportar para los ciudadanos es directamente insoportable para las víctimas y sus familiares. Estos etarras salen o saldrán después de haber cumplido muchos de ellos quince o veinte años de cárcel. Lo cual no es ninguna menudez. Y lo digo porque tal como algunos lo plantean podría parecer que entraron anteayer. Y salen porque la ley lo prevé así, al margen de cualquier voluntad o intención política.

Lo propio del populismo es situarse por encima del Estado de derecho y dar a entender que éste se puede moldear a voluntad o capricho del que gobierna. A partir de ahí el populista construye sus ficciones: si él gobernara estos presos no saldrían a la calle. Y si fuera necesario se cambiarían las leyes. Las dos cosas son falsas. Cambiar las leyes no impediría lo más mínimo que estos presos salieran a la calle. ¿Por qué? Sencillamente, porque el artículo 9 de la Constitución prohíbe tajantemente la retroactividad de las medidas sancionadoras de carácter desfavorable a la persona condenada. ¿Qué pretende, entonces, el PP? ¿Emprender la reforma constitucional desmantelando uno de los puntos esenciales del Estado liberal de derecho?

El PP sabe, tan bien como el Gobierno, que hay poco margen para impedir que esta gente salga a la calle una vez hayan cumplido sus penas acumuladas, con las reducciones legalmente previstas. El Código Penal del 73 en este terreno era más beneficioso que el del 95, y todas estas personas condenadas antes de esta fecha tienen derecho a escoger. La única posibilidad es encontrarles alguna conducta delictiva cometida con posterioridad a la condena. Lo cual es difícil en la medida en que todo este tiempo han estado en la cárcel. En cualquier caso, es el camino que la Audiencia Nacional ha abierto para evitar una futura excarcelación del etarra Henri Parot. De modo que el Gobierno actual poco puede hacer, como nada pudo hacer el Gobierno del PP para que 59 etarras dejaran la cárcel en circunstancias parecidas en los años del aznarismo. Será la policía la que tendrá que evitar que estos personajes, una vez en la calle, vuelvan a delinquir.

¿Que el Gobierno ha sido imprudente con sus insinuaciones sobre el proceso de paz? Es probable. Pero esto no justifica la manipulación de los hechos que hace el PP. ETA y Batasuna tienen abogados suficientemente expertos como para saber que los presos que ahora van a salir saldrían igual con o sin negociaciones de paz. O sea, que si este fuera el pago, tendríamos que estar todos muy contentos, porque habría salido gratis. Haría bien el PP de recordar el ejemplo de su fundador, Manuel Fraga Iribarne, que durante los conversaciones de Argelia llamaba constantemente al Gobierno por si podía ayudar en algo. Cuestión de sentido del Estado. Sería de buena ley que los partidos hicieran pedagogía del Estado de derecho, en vez de lanzarse por la pendiente de la demagogia. Engañar a los ciudadanos, no es respetarles.